El movimiento político Pacto Histórico envió una comunicación al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, para solicitar una definición clara sobre la participación de la candidatura presidencial de Iván Cepeda en la consulta programada para el 8 de marzo de 2026.
El documento, remitido con copia a las principales autoridades electorales y de control, surgió tras la inquietud planteada por el registrador Nacional, el contralor General y el procurador General, sobre si organizaciones y ciudadanos que participaron en la consulta del 26 de octubre de 2025 pueden intervenir igualmente en la próxima jornada.
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El Pacto Histórico recordó que su intención de concurrir a la consulta de marzo fue comunicada formalmente con la finalidad de seleccionar una candidatura única en el marco de una coalición presidencial.
Según el escrito, la decisión “hace parte de una estrategia política plenamente abierta, transparente y oportunamente comunicada a las autoridades electorales desde el año pasado”, con el objetivo de garantizar una candidatura de unidad que fortalezca la opción de gobierno para las elecciones presidenciales.
Uno de los puntos centrales del requerimiento consistió en precisar si la persona elegida como candidata en octubre, a través de la consulta del Polo Democrático Alternativo (PDA), puede ser postulada en la nueva consulta.
El Pacto Histórico argumentó que ese proceso se realizó en el contexto de la fusión de varias colectividades, entre ellas la Unión Patriótica (UP), el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano (PCC), Colombia Humana y Progresistas, que culminó con el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento entre los días 3 y 4 de diciembre de 2025.
La comunicación detalló que, durante el proceso, las actuaciones administrativas se realizaron tanto de manera individual por los partidos como de forma colectiva, de acuerdo con el avance de la fusión y las resoluciones del CNE.
Finalmente, la consulta de octubre se llevó a cabo únicamente bajo el aval del Polo Democrático, pero con la intención común de definir la precandidatura presidencial para el Pacto Histórico.
Según la Resolución 00701 del 19 de febrero de 2025 del Consejo Nacional Electoral, los partidos que luego se fusionaron en el Pacto Histórico manifestaron su voluntad de participar en la consulta de octubre para determinar quién los representaría en el proceso interpartidista del 8 de marzo.
El documento resaltó que “tanto la intención inequívoca de los partidos políticos que se estaban fusionando en el movimiento político Pacto Histórico como la de las personas postuladas por estos fue participar en un mecanismo de consulta que permitiera seleccionar una precandidatura presidencial habilitada para intervenir en la consulta prevista para el 8 de marzo”.
El Pacto Histórico también recordó que, el 26 de septiembre de 2025, inscribió ante la Registraduría Nacional el “acuerdo de voluntades” para participar en la consulta del 26 de octubre.
En una de las cláusulas del documento quedó establecido que el objetivo de esa consulta era “elegir una precandidatura del movimiento político Pacto Histórico, para participar en consulta interpartidista que elija candidatura única en coalición, o para ser la candidatura única del movimiento político Pacto Histórico en la elección de presidencia de la república a celebrarse el 31 de mayo de 2026”.
La colectividad sostuvo que toda la actuación estuvo respaldada por una medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, que el 25 de septiembre de 2025 habilitó temporalmente la personería jurídica del movimiento.
En este contexto, el Pacto Histórico solicita al CNE que garantice su derecho a participar plenamente en la consulta del 8 de marzo próximo, en cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados por las fuerzas políticas que integran la coalición.
La decisión del Consejo Nacional Electoral será clave para determinar si la precandidatura seleccionada en el proceso anterior podrá concurrir a la nueva consulta y, en consecuencia, para la proyección de la estrategia presidencial del Pacto Histórico en 2026.
El movimiento insiste en la necesidad de reglas claras y el respeto de los acuerdos alcanzados durante el proceso de integración de las fuerzas políticas que lo componen: “Confiamos en que estas consideraciones sean atendidas en favor de la democracia, la participación ciudadana y el respeto al orden constitucional”.
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