La situación de orden público en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, llevó al Ministerio de Defensa a activar una serie de medidas de respuesta inmediata frente al incremento de la violencia asociada a la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales vinculadas al narcotráfico.
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien explicó que las acciones buscan proteger a la población civil y preservar el control institucional del territorio.
De acuerdo con la información oficial, los enfrentamientos se registran entre organizaciones armadas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias, estructura criminal asociada a alias Calarcá, que mantienen una confrontación por el dominio de economías ilegales en la región del Catatumbo. Este escenario ha generado afectaciones directas a las comunidades rurales y urbanas del municipio.
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Como parte de la respuesta del Gobierno nacional, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en articulación con la Gobernación de Norte de Santander, las alcaldías locales y el Ministerio Público. Desde este espacio se adelanta un monitoreo permanente de la situación humanitaria y de seguridad, así como la coordinación de acciones operativas y de atención a la población.
El ministro Sánchez indicó que el PMU permite centralizar la toma de decisiones y garantizar la reacción oportuna de las autoridades frente a los hechos que se registran en la zona. Además, señaló que desde este punto se realiza acompañamiento a la caravana humanitaria con destino al corregimiento de Filo Gringo, con el fin de facilitar el acceso de ayudas y verificar las condiciones de seguridad para las comunidades afectadas.
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En materia operativa, el Ministerio de Defensa informó que la Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos de Tibú, mientras que el Ejército Nacional mantiene presencia en las áreas rurales. Estas acciones se desarrollan de manera coordinada en el marco de la operación sostenida Esparta, con participación de la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano, unidades responsables de la seguridad en esta zona del país.
El funcionario explicó que el despliegue incluye unidades especializadas de investigación e inteligencia, orientadas a identificar a los responsables de los hechos violentos y a desarticular las estructuras criminales que operan en el territorio. Según el anuncio oficial, estas capacidades buscan fortalecer la anticipación frente a posibles ataques y mejorar la respuesta de las fuerzas del Estado.
De igual forma, el Ministerio de Defensa confirmó el ingreso de camionetas blindadas y motocicletas, destinadas a reforzar la movilidad y la seguridad de las tropas y de las autoridades en el municipio. A esto se suma el apoyo helicoportado, que facilita el traslado de personal militar y policial hacia zonas de difícil acceso, donde se han reportado confrontaciones armadas.
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Desde el Gobierno nacional se señaló que estas medidas se adoptan en un contexto de alta complejidad, marcado por la presencia de grupos armados ilegales que buscan controlar rutas y economías ilícitas. En ese sentido, las autoridades reiteraron que la prioridad es la protección de los campesinos y habitantes del Catatumbo, quienes han sido impactados por los enfrentamientos.
El ministro Pedro Sánchez afirmó que “se están empleando todas las capacidades del Estado para proteger a los campesinos del Catatumbo”, e insistió en que la coordinación interinstitucional es clave para atender tanto los riesgos de seguridad como las necesidades humanitarias derivadas del conflicto armado en la región.
Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información de manera oportuna y segura a las autoridades, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y facilitar las labores de control territorial. Según indicó, el aporte de la comunidad es fundamental para salvar vidas y cerrar las puertas a la ilegalidad.
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