El desmantelamiento de una red internacional de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo representó un golpe relevante contra el crimen organizado, tras una operación conjunta entre autoridades de Colombia y España, con el apoyo de Europol.
La acción coordinada permitió la captura de los principales cabecillas de la organización y la incautación de bienes por más de 53.000 millones de pesos, luego de descubrirse que la red había blanqueado al menos 182.000 millones de pesos mediante complejos mecanismos financieros y rutas transnacionales.
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La operación, resultado de la colaboración entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia (a través de las direcciones de Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio y el grupo Graos II Dipol-Dijín), la Guardia Civil española y Europol, se centró en desarticular una estructura criminal que operaba entre ambos continentes.
Las investigaciones revelaron que la red utilizaba rutas marítimas desde puertos colombianos, como Turbo, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, así como desde Guayaquil en Ecuador, para enviar cocaína hacia Bélgica, Francia, Holanda y España.
Según la Fiscalía, el dinero ilícito generado por estas actividades era canalizado mediante sociedades de papel y una red de inversiones en sectores inmobiliario, tecnológico y de construcción, además de transferencias a través de sistemas financieros tradicionales y billeteras virtuales, algunas de ellas seudo anónimas y difíciles de rastrear.
Captura de los principales implicados
Las autoridades identificaron y capturaron a los principales responsables del entramado financiero. Los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como “Black Jack” y “Marcos”, fueron señalados como líderes de la red y aprehendidos en España tras la emisión de notificaciones rojas de Interpol solicitadas por Colombia.
Junto a ellos, Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, también fue detenido en territorio español y permanece a la espera de su extradición para ser procesado en Colombia.
En el país sudamericano, las fuerzas de seguridad capturaron a Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias ‘La Contadora’, y a Jimmy García Solarte en Medellín y Pereira, respectivamente. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías y enfrentan cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.
Mecanismos de lavado y rutas internacionales
El esquema de lavado de dinero implementado por la organización se basaba en la constitución de empresas ficticias que otorgaban apariencia de legalidad a los recursos provenientes del narcotráfico.
Según el ente acusador, estas sociedades facilitaban inversiones en bienes raíces, tecnología y construcción, mientras que los fondos también circulaban por el sistema financiero y plataformas de billeteras virtuales bajo el control de miembros de la red.
La complejidad de estos mecanismos dificultaba la identificación de los flujos ilícitos y exigía una cooperación internacional estrecha para su rastreo y desarticulación.
Impacto financiero y medidas cautelares
Las autoridades estiman que la red logró blanquear al menos 182.000 millones de pesos. Como parte de las acciones judiciales, se impusieron medidas cautelares sobre bienes valorados en más de 53.000 millones de pesos, incluyendo 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, localizados en Pereira, Cartagena y Bogotá.
Además, se afectaron otros activos por 2.200 millones de pesos con fines de comiso, todos ellos presuntamente vinculados a la organización criminal.
En cuanto al proceso judicial, los capturados en Colombia ya comparecieron ante la justicia y recibieron la imputación de los delitos correspondientes.
Por su parte, los detenidos en España permanecen bajo custodia, pendientes de los trámites de extradición solicitados por las autoridades colombianas, que buscan su judicialización en el país de origen de la investigación.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio aplicó medidas que suspenden la disposición, embargan y aseguran una amplia gama de bienes, consolidando el golpe a la estructura financiera del Clan del Golfo y reforzando la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos.