El bloqueo total de la carretera que conecta La Plata con el corregimiento de Belén, en el departamento de Huila, puso en evidencia la creciente vulnerabilidad de la población civil frente a la intensificación de la violencia en la región. Desde la mañana del sábado 20 de septiembre de 2025, motocicletas, camiones y automóviles particulares impidieron el paso tanto de habitantes como de viajeros, generando una situación de riesgo que despertó la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.
La misión de la ONU en Colombia, a través de su cuenta oficial en X, manifestó que “urgen medidas inmediatas para garantizar los derechos de la población” y subrayó la necesidad de que el Estado adopte acciones urgentes para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades y sus liderazgos, siempre bajo el estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Esta declaración se produjo tras los disturbios iniciados el pasado jueves en el corregimiento de Belén, en el suroccidente del país, donde la población civil enfrenta amenazas persistentes.
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“Llamamos al Estado a adoptar medidas que garanticen la vida e integridad de las comunidades y sus liderazgos, con estricta observancia del #DIH y el Derecho Internacional de Derechos Humanos”, explicó la entidad.
A su vez, hizo un llamado a los grupos armados que tienen presencia en la zona a no vulnerar los derechos y la integridad de los habitantes del corregimiento de Belén.
“Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil y a observar el #DIH y los #DDHH @mindefensa @MinInterior @petrogustavo @ComisionadoPaz”.
Los hechos que desencadenaron la alarma ocurrieron en el sector conocido como La Balastrera, donde una multitud bloqueó el avance de las tropas militares. Según información proporcionada por las autoridades, el grupo armado residual GAOR-r Fernando González Acosta estaría detrás de la asonada, con el objetivo de consolidar el control de corredores estratégicos entre los departamentos de Huila y Cauca. Las autoridades sostienen que estas acciones buscan fortalecer economías ilícitas mediante el tráfico de drogas, secuestros y homicidios, además de obstaculizar las operaciones de control territorial en la región.
“Denunciamos ante las autoridades competentes los hechos ocurridos en la Plata, Huila en donde nuestras tropas fueron obligadas a abordar vehículos particulares tras una asonada de unas 500 personas, presuntamente presionadas por el GAO-r Hernando González Acosta”.
Testigos relataron que los uniformados fueron retenidos y obligados a desplazarse en vehículos particulares, mientras que los pobladores habrían sido presionados para impedir el ingreso del Ejército a áreas donde se refugian estructuras ilegales vinculadas al narcotráfico y la extorsión. La obstrucción de la vía, que se mantuvo desde la mañana del sábado, afectó gravemente la movilidad y la seguridad de la población local y de quienes transitaban por la región.
Frente a la complejidad de la situación, las autoridades competentes iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y reforzar la protección de la población civil, en un contexto donde la violencia muestra una tendencia al alza.
La estrategia del Ejército Nacional en Huila
La respuesta militar en el departamento del Huila no se limita a la reacción a la asonada. El viernes 19 de septiembre de 2025, la Novena Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, anunció el despliegue intensificado de tropas en el centro poblado Belén y en las veredas Villalozada, Gallego y La Guinea, ubicadas en la frontera con el departamento del Cauca. Este despliegue tiene como finalidad contrarrestar la actividad de grupos armados organizados residuales, cuya presencia representa una amenaza constante para la tranquilidad y los derechos de la población campesina.
La estrategia militar implementada en el Huila abarca patrullajes continuos, coordinación con la Policía Nacional y la incorporación de vigilancia aérea mediante drones y tecnologías avanzadas. Además, el fortalecimiento de la red de participación ciudadana busca anticipar cualquier amenaza y elevar los niveles de confianza y seguridad entre los habitantes. El Ejército Nacional sostiene que “cada rincón del Huila cuenta con soldados que cumplen la misión constitucional de proteger la vida, la integridad y los derechos de la población civil”.
El componente social e institucional de la presencia militar también fue destacado por la Novena Brigada, que afirma que la labor de los soldados garantiza que los campesinos sean escuchados y que sus demandas lleguen a los mandatarios locales y regionales. De esta manera, el Estado colombiano puede asegurar el acceso a programas, proyectos y acompañamiento destinados a fortalecer el desarrollo comunitario.