La Defensoría del Pueblo advirtió que los choques armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que actúa en alianza con disidencias de las Farc, han provocado una grave crisis humanitaria en el distrito de Buenaventura.
Según ese organismo, más de 4.000 personas resultaron afectadas por las acciones de estos grupos ilegales.
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Esta advertencia fue emitida por la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de una visita de dos días a las comunidades del Bajo Calima, una zona rural de Buenaventura, en compañía de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Allí, las autoridades constataron el impacto de la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo, en asocio con el frente Jaime Martínez de las disidencias.
“La persistente presencia y disputa violenta entre el ELN y el Clan del Golfo, quien actúa en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias, ha generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas, en su mayoría pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Calima y al pueblo wounaan del Resguardo Santa Rosa de Guayana”, indicó Marín.
De acuerdo con la funcionaria, las comunidades impactadas por esta situación habían regresado a sus territorios entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Anteriormente, habían sido desplazadas hacia albergues ubicados en Buenaventura y Cali debido a hechos de violencia generados por la presencia de grupos armados.
Sin embargo, la intensificación del conflicto este año ha reinstalado el riesgo. “La intensificación del conflicto armado este año ha provocado que las comunidades retornadas estén viviendo nuevamente la violencia”, señaló Marín al referirse a los recientes acontecimientos.
Durante la visita institucional, la Defensoría y Acnur confirmaron que continúan ocurriendo hechos que vulneran los derechos de la población. Entre ellos se mencionan asesinatos selectivos, instalación de minas antipersona, uso de artefactos explosivos improvisados, reclutamiento forzado de menores, desapariciones forzadas y violencia sexual.
La funcionaria agregó que la situación en esta zona del litoral Pacífico había sido previamente advertida por el sistema de alertas tempranas. “Esta situación estaba advertida en la alerta 039/2023. Líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos ejercen su labor en medio de amenazas, estigmatización y una escasa presencia institucional. Estas dos comunidades piden garantías para su retorno digno y seguro, no quieren volver a desplazarse”, expresó.
La Defensoría también explicó que la disputa entre estos grupos ilegales está ligada al control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, actividades que han incrementado su presencia en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.
En ese contexto, el ELN, el Clan del Golfo y estructuras disidentes han intensificado sus acciones, generando impactos negativos sobre la población civil. Esta confrontación por el dominio territorial mantiene bajo amenaza constante a varias comunidades del suroccidente del país.
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La institución hizo un llamado a las autoridades del Estado para que se adopten medidas que permitan garantizar la seguridad de las comunidades afectadas y de los líderes sociales que ejercen labores de defensa de derechos humanos en estas zonas.
El informe generado tras la visita será compartido con instancias nacionales e internacionales, con el fin de articular respuestas humanitarias y de protección para los habitantes del Bajo Calima y demás territorios expuestos a los efectos del conflicto armado.