La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, alertó sobre lo que considera un uso estratégico y cuestionable del gasto público por parte del Gobierno Nacional con miras a las elecciones de 2026.
En una reciente columna, la congresista señaló que se están acumulando recursos en distintas fuentes presupuestales, a la vez que se implementan decisiones que, según ella, facilitarían el uso de estos dineros con fines políticos.
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Uno de los principales puntos de preocupación para Valencia es el manejo de los fondos públicos en fiducias y reservas. Según datos revelados por la Contraloría General, el Ejecutivo tendría alrededor de 160 billones de pesos en estas figuras financieras, que, de acuerdo con la senadora, carecen de mecanismos claros de seguimiento.
También se refirió a la existencia de más de 8 billones de pesos que permanecen sin ejecución. Frente a esto se preguntó: “¿Qué planea hacer el Gobierno con estos recursos?”.
Valencia aseguró que durante el actual mandato ha habido una expansión sin precedentes de la planta estatal. Afirmó que desde 2022 se han creado más de 31.000 cargos, de los cuales 14.000 corresponden a funcionarios públicos y 12.000 a docentes. Solo en 2024, según sus cifras, se habrían generado 26.625 nuevas plazas laborales, incluyendo 13.559 de carácter permanente. También resaltó que el presupuesto para salarios de funcionarios alcanzó los 59,9 billones de pesos para 2025, con un aumento real del 14,9 % respecto al año anterior.
En materia fiscal, la senadora criticó que el gobierno haya superado los límites establecidos por la regla fiscal. Aseguró que en 2024 se incluyeron 27 billones de pesos bajo la figura de “Transacciones de única vez”, lo cual, en su criterio, constituye una forma de ocultar el verdadero nivel del gasto. Según sus cálculos, el déficit fiscal alcanzó un 6,8 % del PIB.
Otro tema abordado en la columna fue el impacto de la reforma tributaria sobre el sector empresarial. La congresista advirtió que se busca aumentar las retenciones en la fuente a las compañías, lo que en la práctica significa que deberán anticipar el pago de sus impuestos del año 2026 en 2025. Según Fedesarrollo, esto implicaría un anticipo cercano a los 14 billones de pesos.
Respecto a la reforma pensional, Valencia advirtió que su implementación podría otorgar al gobierno mayor acceso a los fondos de los cotizantes, aunque Colpensiones no estaría lista para asumir la carga operativa. Además, hizo énfasis en los recursos que el Ejecutivo administra tras intervenir varias EPS, incluyendo la NUEVA EPS, de la cual afirmó: “no reporta información financiera y se desconoce el gasto de los más de 20 billones de pesos que le gira al año el gobierno”.
Finalmente, la senadora se refirió a la intención del gobierno de impulsar una consulta popular y decretar una nueva emergencia económica por fiebre amarilla. En su análisis, estas acciones representarían nuevas vías para canalizar recursos estatales.
Señaló que “en la última emergencia económica de este gobierno se robaron los recursos para el agua en la Guajira” y cuestionó la falta de datos públicos sobre la vacunación y disponibilidad de dosis.