Crece la inconformidad de las madres comunitarias del país por la demora en sus pagos, así como la intermitencia de los contratos y la tardanza en el bono pensional prometido por el actual Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.
Las mujeres encargadas de cuidar a los niños y niñas del país, y que son contratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por medio de asociaciones u operadores, manifestaron que la entidad no les ha cumplido con los compromisos acordados en febrero de 2023.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), desde sus canales oficiales, había ratificado que a partir de junio de 2024, quedarían regularizados los pagos a las organizaciones o asociaciones encargadas de contratar a las madres comunitarias.
“Las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda son el 2 de junio para habilitar el cargue de cuentas, con el fin de garantizar que el 11 del mismo mes esté disponible el dinero en cada una de las fundaciones, operadores y asociaciones de padres y madres de familia”, indicó la directora de Primera Infancia del Icbf, María Mónica Martínez.
Y agregó: “Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Función Pública para lograr este objetivo y esperamos laboralizar a las madres comunitarias inicialmente en Nariño, Córdoba y La Guajira, durante octubre, noviembre y diciembre”.
Sin embargo, uno de los sindicatos del Icbf convocó a todas las madres comunitarias a un paro nacional, con el propósito de solicitar garantías laborales.
El detonante se debe a la incertidumbre que existe en cuanto a los contratos con el Icbf, debido a que desde junio, las madres comunitarias aseguran que solo han firmado convenios con una duración de dos o tres meses de duración.
En diálogo con Semana, una madre comunitaria de Bucaramanga manifestó lo siguiente: “Nos han estado demorando el sueldo. Supuestamente nos pagaban después del 15 de octubre de 2024, pero no nos han cancelado. Las madres que ya llevamos muchos años en servicio estamos por cumplir la edad de pensión, pero las semanas no nos alcanzan”.
La mujer se identificó como Clara, pero el citado medio explicó que decidió no dar su nombre completo, porque tiene temor que sus declaraciones lleven a la terminación de los contratos con el Icbf. La madre comunitaria resaltó que más que una fuente de ingreso, realizan la labor para brindar apoyo a la comunidad.
Una madre comunitaria de Antioquia, le manifestó a Semana que “la idea que tenemos con el paro es aprovechar que estamos trabajando para dejar el mensaje político de parar. Sin embargo, tenemos el problema de que tenemos muchos sindicatos y no todos están articulados. Además, como madres hemos sido muy gallinitas, nos da miedo salir a paro o dejar de atender a los niños, porque sabemos que tienen necesidades”.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, informó que las madres comunitarias están recibiendo un mensaje equivocado.
“Tenemos una alerta por desinformación grande. Las confunden, les dan información equivocada y queremos aclarar los mensajes para que no haya ruido sobre nuestra relación con las madres comunitarias”, aseveró Cáceres.
No obstante, la presidenta sindicato Sintracihobi, Olinda García, afirmó que el principal problema sigue siendo la falta de contratación continua, lo que según ella, estaría afectando las prestaciones sociales y estabilidad laboral a las madres comunitarias de diferentes puntos del país.
Entre el conjunto de quejas de las madres comunitarias, se encuentra la demora del subsidio pensional, que de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en octubre del presente año se cerrará con más de 6.000 mujeres adscritas.
“Dejamos diez días de diciembre garantizado el recurso para apalancar vigencias futuras, lo que significa que el próximo contrato sale con plata para poder pasar el fin de año y llevarlo hasta lo más que podamos el año entrante, de acuerdo a los recursos que nos asigne Hacienda”, puntualizó la directoral del Icbf.
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