La Fiscalía General de la Nación ha dado un nuevo golpe en la lucha contra el lavado de activos. Una fiscal adscrita a la delegada contra las Finanzas Criminales ha conseguido que un juez de control de garantías de Turbo, en el departamento de Antioquia, imponga medida de aseguramiento carcelario a Yuli Andrea García González.
La señalada fue judicializada bajo la investigación de presunto lavado de activos por cerca de $13.000 millones, producto de contrabando.
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El equipo de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales puso en evidencia cómo García González habría utilizado tanto su nombre como el de una empresa, de la que actuaba como representante legal, para ingresar al país grandes cargamentos de productos entre 2018 y 2022.
Estos cargamentos incluían artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones, todos provenientes de China.
Una de las principales investigaciones que demuestran la participación de Yuli Andrea García son los hallazgos fiscales en una mercancía con valor de $201.288.820, la cual no declaró en los reportes de la empresa de la cual ella era representante legal: “Fueron hallados 8.868 unidades de ventiladores, cantidad superior a la declarada en los documentos presentados, donde únicamente se estaban relacionando 1.468 ventiladores”.
Los análisis financieros revelaron inconsistencias importantes: ni Yuli García ni la empresa importadora, de la cual era la única accionista, contaban con la capacidad financiera necesaria para sustentar las operaciones económicas detrás de dichos cargamentos. La investigada no pudo justificar el origen del capital utilizado, lo que acrecentó las sospechas de la Fiscalía.
La entidad también destacó que, durante ese periodo, la empresa de García González fue objeto de diversas aprehensiones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En al menos dos ocasiones, se determinó que tenían relación con contrabando por un valor que superaba los $300 millones.
Las investigaciones detallan que García González enfrenta cargos por lavado de activos y contrabando, aunque no aceptó ninguna de las imputaciones hechas por la Fiscalía. El juez, sin embargo, decidió imponer una medida de aseguramiento carcelaria a la acusada, determinación que la defensa ha apelado, según informó la Fiscalía.
El exgobernador de Santander será investigado por la Fiscalía
Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander, ha sido llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación debido a posibles irregularidades en un contrato firmado durante la pandemia de covid-19.
La audiencia de imputación de cargos contra el exgobernador se ha fijado para el próximo 12 de agosto a las 9:30 a. m. en las instalaciones de la Fiscalía. En esta cita judicial, Aguilar enfrentará acusaciones serias de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos formales, todas relacionadas con supuestas irregularidades en un contrato ejecutado durante la pandemia para atender la emergencia causada por la COVID-19.
El contrato investigado involucra una plataforma tecnológica cuyo valor supera los $1.000 millones. En este proceso también están siendo investigados César García, quien era director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento en ese momento, y Sergio Orlando Ferro, quien fungía como supervisor del contrato.
La investigación contempla un presupuesto inicial de más de $742 millones para un contrato planeado para ejecutarse en tres meses. No obstante, según documentos de la Procuraduría, se desembolsaron $13 millones mensuales.
Posteriormente, el contrato recibió dos incrementos adicionales, elevando el monto total a $2.000 millones. Este procedimiento se llevó a cabo con la empresa Advance Technologies Solutions Groups S.A.S., representada legalmente por Viviana Ojeda Bernal.
La raíz de esta imputación se encuentra en una denuncia presentada en junio de 2021 por Ferley Sierra, quien era diputado por Santander en ese momento. Sierra llevó a la Fiscalía General una denuncia contra el exgobernador Aguilar, destacando la adjudicación de contratos millonarios durante la pandemia que, según el denunciante, favorecieron a empresas inexistentes.