Directivas de la Universidad Nacional piden al Gobierno tomar medidas por ‘riesgo al orden público’

Las directivas de la Universidad Nacional emitieron una solicitud urgente al Gobierno, demandando acciones inmediatas ante lo que consideran “el grave riesgo de afectación al orden público, convivencia y bienes fiscales”. Este llamado se produce en un contexto de creciente tensión y preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad dentro y alrededor del campus universitario.

Según el documento, estos eventos no solo ponen en peligro la seguridad de la comunidad educativa, sino que también amenazan la integridad de las instalaciones y recursos públicos.

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Entre los destinatarios de esta petición se encuentra la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo; el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito Capital, César Andrés Restrepo; y el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

La Universidad Nacional, una de las principales instituciones de educación superior del país, ha sido escenario de varias manifestaciones y protestas recientemente por la elección de José Ismael Peña. Estas actividades, en algunas ocasiones, derivaron en confrontaciones entre estudiantes y agentes de la fuerza pública, así como en actos de vandalismo que perjudican tanto a la infraestructura universitaria como a los bienes fiscales.

En respuesta a la situación, las directivas académicas han destacado la necesidad de que el Gobierno tome medidas concretas para asegurar la paz y la estabilidad en el entorno universitario. “Queremos advertir, para que se tomen las medidas de su competencia, sobre la necesidad de un especial acompañamiento el próximo jueves 16 de mayo de 2024, en el marco de la conmemoración de los 40 años del ‘16 de mayo de 1984′”

El documento lo firman José Ismael Peña, rector, y Lorena Chaparro Díaz, vicerrectora, que hacen un llamado enfático a las autoridades, recordando comunicaciones previas que ya advertían sobre el deterioro de la situación en la sede de Bogotá. Esta solicitud busca prevenir cualquier incidente que pueda escalar y afectar gravemente el orden público y la seguridad en la ciudad, en un contexto que rememora eventos históricos y sociales significativos.

Las autoridades gubernamentales no han emitido aún una respuesta oficial a esta petición, aunque se espera que las declaraciones de la Universidad Nacional inciten una discusión sobre las medidas necesarias para abordar la crisis actual.

El 16 de mayo de 1984, la Universidad Nacional de Colombia vivió intensas protestas tras el asesinato de Jesús ‘Chucho’ León, presidente de Cooperación Estudiantil, y del profesor Luis Armando Muñoz González. Lo que comenzó como una movilización pacífica en la mañana se transformó rápidamente en disturbios.

Durante estos eventos, se reportó un bus quemado, una explosión y disparos dentro del campus. La respuesta de las autoridades fue rápida y aparentemente planificada. La Policía Nacional, el F2 y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) ingresaron al campus, y un cuerpo de seguridad incluso atacó a los estudiantes con armas blancas. Los capturados y fallecidos eran encapuchados por la Fuerza Pública para evitar su identificación posterior.

Un total de 81 personas fueron detenidas, incluyendo estudiantes, docentes, trabajadores de la Universidad Nacional y habitantes de la zona. Entre los detenidos había 70 hombres y 11 mujeres. Estas personas sufrieron golpes, torturas y agresiones sexuales durante su traslado a centros de detención.

De los detenidos, 68 personas permanecieron en la Cárcel Distrital de manera irregular entre 2 y 4 semanas, y solo 1 persona fue judicializada y condenada. Al menos 46 personas resultaron heridas, 5 de ellas por disparos de la Policía Nacional. La masacre nunca fue esclarecida y no se pudo determinar el número exacto de muertos y desaparecidos.