Procuraduría investiga a exsecretaria de Gestión Humana de Medellín por posible uso irregular de recursos públicos

La Procuraduría General de la Nación declaró cargos contra la exsecretaria de Gestión Humana del distrito de Medellín, Antioquia, Ingrid Vanessa González Montoya, por posibles irregularidades en el el uso de los recursos público de la ciudad.

En este caso, el Ministerio de Público investiga si la entonces funcionaria aprobó y expidió un acto administrativo para realizar un curso de inglés en la Universidad EAFIT por aproximadamente 5 millones de pesos, además de indagar si se desembolsó el dinero directamente a la institución educativa.

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Por lo tanto, la entidad de control debe esclarecer si la capacitación que solicitó y avaló la funcionaria era de utilidad y pertinencia en el uso de su cargo, ya que es de carácter obligatorio de acuerdo con lo establecido en los estatutos del ente territorial para ser autorizado a los servidores del distrito.

En este sentido, el Ministerio Público confirmará si la exsecretaria vulneró los principios de moralidad que establece la ley colombiana, por lo que la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá calificó provisionalmente la falta de González Montoya como gravísima.

La Procuraduría General de la Nación exigió la apertura de una investigación disciplinaria contra dos funcionarios especializados pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por, al parecer presentar irregularidades en la ejecución de un contrato en el que no se habría cumplido el objeto de entregar hasta 644 soluciones de vivienda a los beneficiarios.

En este sentido, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal indicó que el ministerio celebró un contrato con Fiduagraria S.A. con el objeto de establecer un patrimonio autónomo para la administración y pago de un proyecto de interés social rural por más de $11.000 millones, y con el 31 de diciembre de 2018 como plazo.

El Ministerio Público señaló que Luz Mary Rodríguez Cifuentes y Cesar Orlando Clavijo Silva, funcionarios del Ministerio de Agricultura, en su momento, fueron designados como supervisores del contrato sobre el que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta sostuvo que se incumplió tanto en el objeto contractual, como con la satisfacción de las necesidades en las viviendas de los beneficiarios de los subsidios correspondientes.

Asimismo, mencionó que el contrato habría sido sujeto de múltiples prórrogas y modificaciones, por lo tanto, se acudirá a una respectiva investigación sobre el rol que adelantaron los servidores durante su ejecución.

Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas que se hizo, la entidad de control busca verificar la gravedad de los hechos denunciados, así como determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, y definir si los implicados actuaron con alguna causa que los logré excluir de la responsabilidad.

Por otro lado, la entidad de control inició un proceso de investigación en contra del concejal Julián Forero, mejor conocido como Fuchi, por un presunto incidente que involucra a funcionarios del Tránsito de Bogotá.

De acuerdo con los reportes, el concejal habría sido detenido en un control policial situado en la intersección de la avenida 68 con calle 13, en el que posteriormente se le habría impuesto un comparendo por un valor aproximado de $1.000.000. El motivo del altercado, según se investiga, sería el presunto irrespeto y uso de lenguaje descalificador y violento por parte de Fuchi hacia los agentes de Tránsito presentes durante el incidente.

La Procuraduría Primera Distrital está a cargo de la investigación, que busca determinar si estos hechos constituyen una falta disciplinaria por parte del cabildante. Este proceso también contemplar la revisión de las circunstancias específicas en las que se sancionó al concejal con un comparendo.

En este sentido, el Ministerio Público enfatizó su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando que la investigación se llevará a cabo con el rigor necesario para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. La ciudadanía espera resultados concretos de este proceso, que pone en relieve la importancia del respeto a las normas de tránsito y la conducta ejemplar que se espera de los servidores públicos.