Francia Márquez no habló del Ministerio de la Igualdad pero sí de Gustavo Petro: “Confiamos plenamente en nuestro proyecto de cambio”

La vicepresidenta Francia Márquez todavía no se ha pronunciado acerca de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite.

Sin embargo, sí utilizó su cuenta de X para defender al gobierno de Gustavo Petro en medio del difícil momento por el que atraviesa por el sonado escándalo de corrupción en la Ungrd y las investigaciones a su campaña electoral que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En la noche del miércoles 8 de mayo, publicó un extenso trino en el que manifestó que “en momentos en los que se busca atentar contra la voluntad democrática, la unión del pueblo con sus dirigentes es un deber primario”.

“Respaldamos al Presidente @petrogustavo y confiamos plenamente en nuestro proyecto de cambio, en la búsqueda de la equidad, la paz, la justicia social y las reformas que mejoren la calidad de vida de los más vulnerables”, agregó.

Y finalizó diciendo: “No descansaremos en nuestro esfuerzo colectivo de hacer de nuestra Colombia un país justo y digno para todos y todas. Seguiremos al lado de las comunidades y territorios excluidos que mantienen firme la esperanza. ¡El pueblo no se rinde, seguimos firmes por el cambio!”.

La publicación de la vicepresidenta fue la respuesta a un trino del presidente Petro en el que aseguró que “ha comenzado el golpe blando”, en referencia a un artículo periodístico en el que se informa sobre los cargos que el CNE formuló en contra de su campaña.

“Como se lee en este artículo siempre parcializado de la revista pueden ustedes observar que donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al centro democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña”, expresó el jefe de Estado.

Y finalizó asegurando que: “Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones”.

Con la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, el CNE inició formalmente la investigación contra el presidente Gustavo Petro y su equipo de campaña por presuntas violaciones de los topes de financiación establecidos para la campaña presidencial.

Un documento de acusación, compuesto por más de cien páginas, conocido el miércoles 8 de mayo, contiene evidencia documental y testimonios destinados a demostrar las irregularidades, marcando un punto crítico en el escándalo que rodea a la administración actual. Entre las pruebas se incluyen omisiones de aportes en especie de la empresa Daily Cop, valorados en dos mil millones de pesos, así como contribuciones cuestionables de entidades como Fecode y la USO.

La profundidad de la investigación revela un entramado financiero complejo, donde se cruzó información entre la campaña de Petro y varias entidades financieras, enfocando en que alrededor de 35.000 testigos electorales podrían haber recibido pagos no declarados el día de las elecciones, ascendiendo a más de 1.000 millones de pesos en total.

Las contribuciones de Fecode y la USO, sumando cientos de millones de pesos, plantean interrogantes sobre la legalidad de estas financiaciones y su declaración oficial. A esto se suma el testimonio de Cristian Uscátegui, un profesor que admitió haber recibido pago por su participación en la jornada electoral, lo cual no fue registrado en los libros de la campaña.

Ante estas acusaciones, Mauricio Pava, abogado del presidente Petro, solicita que la investigación sea trasladada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, argumentando que es el ente competente para investigar a un mandatario en funciones.

Adicionalmente, la defensa cuestiona la imparcialidad del magistrado Álvaro Hernán Prada en el caso, relacionándolo con Juan Guillermo Mancera, un exoficial de policía vinculado a actividades ilegales. Prada, quien anteriormente militó en el partido Centro Democrático, mantiene silencio frente a las acusaciones, a pesar de la polémica suscitada por su presunta conexión con casos de narcotráfico. El CNE ha asegurado previamente que Prada garantiza la imparcialidad en el proceso investigativo.