Contratista de carrotanques de La Guajira no se presentó en la Fiscalía: está negociando un principio de oportunidad

No paran las polémicas por el escándalo de corrupción que enfrenta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tras revelarse presuntos sobrecostos en la adquisición de carrotanques destinados a transportar agua a La Guajira.

En las últimas horas se conoció que Luis Eduardo López, también conocido como el pastuso, estaba planeando solicitar a la Fiscalía General de la Nación un principio de oportunidad para revelar información sobre el entramado que se orquestó para entregar supuestos sobornos a miembros del Congreso de la República.

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Sin embargo, aunque estaba citado por la Fiscalía para conocer detalles de su participación, López no se presentó, generando incertidumbre sobre su disposición a colaborar con las autoridades.

Y es que López es ficha clave en la investigación, pues sería gracias a él que la empresa Impoamericana Rogers SAS se quedó con el contrato de los carrotanques, a pesar de presentar una oferta de más de 1.200 millones de pesos por cada vehículo.

Y es que López debe dar explicaciones de cómo habría logrado que se adjudicara el contrato que generó sobrecostos por al menos 20.000 millones de pesos, a pesar de la crítica situación financiera de la empresa y la inexperiencia para realizar la compra de los carrotanques.

Sin embargo, fuentes consultadas por El Espectador aseguran que detrás de su ausencia en la Fiscalía, estaría el cambio de su defensa que, al parecer, será tomada por el abogado Francisco Bernate, quien podría estructurar el principio de oportunidad que tiene pensado para entregar información relevante a cambio de absolver a su familia de las investigaciones.

La situación se complica aún más con la implicación de Luket SAS, otra empresa relacionada con López y previamente investigada por la Contraloría por corrupción en ayudas humanitarias durante la pandemia del covid-19. Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de López, y su hija también aparecen vinculadas al entramado a través de sus roles en empresas asociadas a las operaciones cuestionadas.

Este complejo panorama ha llevado a la Fiscalía a profundizar en la investigación, mientras que la Procuraduría ha llamado a declarar a López, considerando su testimonio crucial para entender la magnitud de las irregularidades.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia ha extendido su interés en el caso, citando a declarar a figuras prominentes como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y otros altos funcionarios, destacando la ramificación del escándalo más allá de la Ungrd.

Luis Eduardo López Rosero, empresario con más de 15 años de experiencia como contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tendría nexos con otras empresas que han contratado con el Estado y se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

Además de Luket SAS, otras empresas relacionadas con López Rosero, tales como Brand SAS y Kalmo SAS, han sido señaladas por su participación en estos negocios. Brand SAS se destaca por tener a Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de López, como su principal accionista, mientras que Kalmo SAS realizó una consignación significativa para la adquisición de los carrotanques, vinculando así directamente a su familia en las operaciones.

La red de estas empresas, junto con las conexiones entre López Rosero y destacadas figuras del sector constructor en Nariño, sugieren una trama de intereses que abarca desde contratos públicos hasta proyectos inmobiliarios de gran envergadura en la región.

El involucramiento de López Rosero en el sector constructor no se limita a sus empresas; registra además asociaciones con importantes figuras y firmas como Andrés Mora y el Grupo Empresarial RML, compuesto por reconocidos constructores de la zona.

La relación comercial con estas entidades, aunque finalizada en 2019 tras problemas financieros, muestra la influencia y el alcance de López en el ámbito de la construcción y la contratación en Nariño. La frecuente colaboración entre estas empresas y la cercanía física de sus oficinas en el Centro de Negocios Cristo Rey, donde también se ubica la oficina del exsenador Guillermo García Realpe, podría indicar una red de apoyo y cooperación entre estos actores.

El impacto de las acciones de López Rosero en la región se evidencia no solo en las investigaciones y alegaciones en su contra, sino también en su contribución a importantes proyectos urbanísticos como El Centro Empresarial Puerta de Oro, y diversos conjuntos residenciales.

Aunado a esto, su papel en la junta directiva de la Caja de Compensación Familiar de Nariño Comfamiliar añade otra capa a su perfil como uno de los empresarios más influyentes y controversiales de la región.