Gobierno Petro confirma que habrá tarifas diferenciales ante aumento en el precio del diésel

El aumento en el precio del galón de diésel (ACPM) en Colombia para contrarrestar el billonario déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) sigue siendo un asunto de discusión. Aunque todavía no se dio una subida sobre este, como ya pasó con la gasolina corriente, los transportadores insisten en que no se debe tocar para no afectar la economía de los colombianos.

Sin embargo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, indicó que este, que está está en promedio nacional $9.065 por galón, debe aumentar entre $2.000 y $3.000 por galón para contrarrestar el hueco fiscal que hay. Pese a eso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo contradijo y señaló no será así, por ahora.

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Precisamente, Bonilla se refirió a esto nuevamente. Lo hizo el 11 de abril y apuntó que en algún momento se deberá desmontar el subsidio al diésel, teniendo en cuenta que ya se desmontó el de la gasolina, pero que todavía se está pendiente de los cambios del precio del petróleo.

“El precio del petróleo estaba a USD76, volvió a llegar a USD93 y eso es lo que tiene la tasa de cambio moviéndose alrededor de $3.800. Esperamos que no nos genere mayores impactos para tener que seguir moviendo el precio de la gasolina, porque a la medida que sube el precio del petróleo y se combina con la baja de la tasa de cambio tenemos que mirar qué tanto se afecta el precio real de la gasolina”, precisó.

Confirmó que por ahora la gasolina, que está en $15.416 de promedio por galón a nivel nacional. está quieta y se va a quedar así, es decir, sigue flotando y lo que queda por resolver es el tema del diésel.

Frente a este último, añadió que se analiza desde el punto de vista de dónde están en realidad los impactos sobre la vida cotidiana de los colombianos.

Asimismo, el funcionario puntualizó que hay dos sectores clave. Uno es el transporte masivo, que implica tarifas de los sistemas de transporte de pasajeros, y otro es el transporte de alimentos.

“Entonces estamos avanzando con el Ministerio de Transporte en hacer una identificación mucho más clara de cuál es el parque automotor que hoy en día hace el transporte de alimentos y que incluye información recopilada en las centrales de abastos, donde lo que se nos dice es que los camiones que transportan alimentos en Colombia son normalmente camiones de menos de diez toneladas, que no es el parque de tractomulas”, afirmó Bonilla.

Así las cosas, precisó que se habla de temas diferenciados y con base en eso se seguirá avanzando en el tema de por dónde se va a hacer una política diferencial.

Ante esto, aclaró entonces que el camino al que se va es hacia identificar y hacer una buena tipología para aplicar un chip o algo que permita identificar los camiones que transportan alimentos

Sobre el tiempo que se tomaría para tomar alguna determinación, respondió que por ahora se trabaja en un tema de grandes consumidores. Según él, probablemente, sería la primera decisión del Gobierno y es que a los grandes consumidores se les dé un tratamiento desde ahora diferencial.

El 9 de febrero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informó que “la posición neta del Fepc en 2023 alcanzó $20,5 billones, disminuyendo $16,2 billones respecto a 2022″. En ese momento explicó que “esta reducción se atribuye a aumentos en el precio de la gasolina local, caídas en los precios internacionales de los combustibles y apreciación del peso colombiano”.

Antes de las nuevas afirmaciones del ministro Ricardo Bonilla, el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, dijo a Valora Analitik que las negociaciones en la actualidad se encuentran en un punto crucial, tras haberse hecho diez reuniones de trabajo y estar pendientes de una undécima convocatoria que hará el Ministerio de Hacienda.

El viceministro expresó que “un posible incremento se podría dar en estos días, para anunciarlo vía decreto en mayo”, lo que dejó claro que la decisión está cerca de ser tomada, pero aún se espera una definición clara.

Enríquez destacó la importancia de proceder con “prudencia” frente a este tema, debido a las implicaciones que podría tener en los costos operativos de los transportadores y, por ende, en la economía general.