Iván Cepeda aseguró que el cese al fuego con el ELN está incompleto y no protege a la población

Los diálogos de paz entre el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, u el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han sido blanco de críticas por parte de varios sectores que cuestionan la continuidad del proceso. Esto, debido a que se han registrado diversas violaciones del cese al fuego por parte de la guerrilla.

La delegación del Gobierno nacional se reunió en Quibdó (Chocó) para discutir las problemáticas de seguridad en el departamento, teniendo en cuenta que el grupo armado implementó un paro armado en diferentes municipios, en medio de las negociaciones de paz. En el encuentro, el senador y también negociador Iván Cepeda reconoció falencias en el cese al fuego.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

“Es un cese imperfecto, porque tiene muy pocas acciones para proteger a la población. No es porque el Gobierno no lo quiera, sino porque hasta ahí han avanzado nuestras negociaciones”, explicó Cepeda en su intervención.

Por su parte, la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, indicó a varios medios de comunicación cuál es el error que percibe en el actual acuerdo de cese al fuego que, además, fue prorrogado por seis meses.

“La condición de plantear solamente el cese al fuego termina siendo insuficiente, pues esta refiere a un cese de hostilidades entre fuerza pública y ELN. Yo creo que eso se tiene que extender a la comunidad, a un derecho que es muy claro en todos los preceptos y es el derecho internacional humanitario y derechos humanos de las comunidades”, precisó la mandataria local.

Asimismo, dio detalles de lo que se habló en la reunión en la materia: se mencionó la necesidad de exigir un cese de hostilidades antihumanitarias, entre las que se encuentran las amenazas para evitar la movilización y la instalación de minas antipersonales. Pues, este tipo de actos no solo ponen en riesgo la vida de los individuos, sino que implican una dificultad para el desarrollo de tareas diarias de las familias, como ir al campo o llevar a los niños, niñas y adolescentes a sus colegios.

Por su parte, la jefe negociadora del Gobierno, Vera Grabe, indicó que, a pesar de los avances, resulta poco satisfactorio evidenciar que la población civil no está verdaderamente protegida. Sin embargo, destacó que no es posible garantizar la seguridad de manera inmediata, ya que los diálogos con la guerrilla son un proceso, que contiene un “paso a paso” que se debe cumplir.

¿Una alianza entre paramilitares y el Ejército?

El cuestionado paro armado en Chocó empezó el 10 de febrero y terminó el 14 de febrero. La guerrilla justificó su accionar con una presunta alianza entre el Ejército Nacional y los paramilitares, lo que ha puesto en peligro a los habitantes de ciertos sectores del departamento.

“Se viene presentando combates con nuestro Ejército de Liberación Nacional en defensa de las comunidades en el territorio, seguimos denunciando la colusión entre militares y paramilitares de la región. Por tal motivo decretamos paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, a partir de las 00.00 horas del día 10 de febrero del año en curso, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la población”, se lee en el comunicado.

El paro generó tantas críticas, que la misma guerrilla se refirió a ellas en el comunicado en el que informó la suspensión del mismo. Indicó que los medios de comunicación, a los que señaló de estar al servicio de los emporios económicos, no comprendieron el verdadero propósito del paro.

“No se debe ocultar el tema de los intereses del capitalismo, que mira el departamento con voraz interés económico para saciar el modelo neoliberal, a costa del desplazamiento y despojos para realizar los megaproyectos, y el saqueo de los recursos naturales y metales preciosos de este territorio. Es por ello, la siembra de paramilitares en el Chocó, para acabar el tejido social, organizativo y liderazgo de los pueblos afros e indígenas”, añadió el grupo armado en la comunicación.