Después de casi 17 años desde que desaparecieran dos jóvenes en el municipio de Sincelejo, y que después aparecieran en las listas de criminales dados de baja en combate en el Bajo Cauca antioqueño, la Fiscalía General de la Nación logró una condena contra uno de los causantes de su muerte en 2007.
Se trata de Jhon Jairo Larios, conocido como alias Patilla, un mototaxista local que fue condenado a cumplir una pena de 32 años y 11 meses de prisión, tras comprobarse su responsabilidad en la captación de estos jóvenes y su posterior asesinato.
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Según informó el ente investigador, Larios se acercó a los dos hombres para ofrecerles un empleo en la región antioqueña. Sin embargo, dichas plazas resultaron ser solo una fachada falsa para engañarlos y someterlos a violaciones contra su derecho a la vida.
“Contactó con falsas ofertas laborales a dos hombres, que posteriormente fueron presentados por unidades militares como ‘bajas en combate’ en el bajo Cauca antioqueño”, señala el informe de la Fiscalía.
Asimismo, los investigadores pudieron deducir que Larios indujo a las víctimas a abandonar sus hogares en Sincelejo con la promesa de empleo en una hacienda de Caucasia. Tras despedirse de sus seres queridos el 3 abril de 2007, ambos fueron presentados al día siguiente por miembros del Gaula del Ejército como abatidos en un operativo antiextorsión en la vereda Cuturú, Caucasia, a más de 250 kilómetros de distancia de su ciudad natal.
En su momento, los militares aseguraron falsamente que los dos hombres pertenecían a organizaciones criminales y estaban equipados con material bélico exclusivo de las fuerzas militares, a pesar de que se trataba de una ejecución extrajudicial.
“En los reportes oficiales se indicó que estas personas pertenecían a una estructura criminal usaban uniformes de uso exclusivo de las fuerzas militares y portaban tres fusiles AK-47, un revólver calibre 32 y un radio de comunicaciones. Algo que no correspondía a la verdad”, concluyó la Fiscalía.
Sin embargo, en 2011 los restos fueron identificados en el cementerio de Caucasia, donde habían sido sepultados como no identificados, después de un trabajo de exhumación y cotejo de su ADN en las bases de datos nacionales de personas reportadas como desaparecidas. Con sus cuerpos lograron vincular a Larios a la investigación.
Según se pudo conocer, este mototaxista de Sincelejo actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde paga una condena por otros delitos, mientras que la defensa del acusado ha presentado recursos de ley para apelar la decisión.
Judicializan a dragoneante del Inpec por ingresar celulares y drogas a La Picota
Jonathan Alexander Tulcán Quispe, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ha sido procesado judicialmente por presuntamente ingresar de forma ilícita dispositivos móviles, sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas a la prisión La Picota en Bogotá.
El guardia habría recibido dinero para proveer estos artículos a Luis Carlos Cifuentes Puerta, alias ‘Diomedes’, quien cumple una condena de más de 40 años por secuestro extorsivo y es líder de las disidencias de las Farc. La captura del implicado se efectuó en el sector de Kennedy, Bogotá, por orden judicial.
Las declaraciones de la Fiscalía General de la Nación sugieren que Tulcán Quispe coordinaba con otros empleados del Inpec la entrada de artículos prohibidos a cambio de pagos mensuales hechos por Diomedes. Esta cooperación tenía el fin de facilitar el control por parte de Diomedes de la distribución y venta de licor y drogas en la prisión.
Los pagos ilícitos quedaron demostrados a través de transferencias por plataformas digitales y mediante efectivo. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó al dragoneante el delito de cohecho por dar u ofrecer, aunque este no admitió su responsabilidad ante los cargos.
Actualmente el proceso se encuentra en etapa de investigación, mientras tanto, un juez ordenó el arresto domiciliario de Tulcán Quispe como medida cautelar. La Policía Nacional y la Fiscalía trabajan en identificar a otros miembros del INPEC posiblemente vinculados al esquema delictivo, mientras que la institución penitenciaria continúa esforzándose por erradicar la corrupción y fortalecer la seguridad interna.