Alcalde de Cartagena del Chairá se quedará sin escoltas, a pesar de estar amenazado: “Para dejarnos en bandeja”

El funcionario denunció, en más de tres ocasiones, intimidaciones que ha recibido por parte de las disidencias de las Farc

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El alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, denunció en noviembre que las disidencias de las Farc exigieron que pagara 10.000 millones de pesos por su tiempo de gobierno - crédito Alcaldía de Cartagena del Chairá / Sebastián Marmolejo/Europa Press
El alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, denunció en noviembre que las disidencias de las Farc exigieron que pagara 10.000 millones de pesos por su tiempo de gobierno - crédito Alcaldía de Cartagena del Chairá / Sebastián Marmolejo/Europa Press

El alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina, está próximo a terminar su mandato, que se ha visto torpedeado por múltiples amenazas que ha recibido por parte de las disidencias de las Farc. Debido al peligro que supone su cargo, le fue asignado un esquema de seguridad que va a perder.

Según informó el funcionario a Semana, recibió una notificación en la que se indica que a partir del 1 de enero de 2024 dejará de contar con escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y con efectivos de la Policía Nacional que lo protejan. La razón es que, para ese año, Cartagena del Chairá tendrá nuevo alcalde: Darwin Andrés Flórez Castañeda.

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Debido a las intimidaciones, tuvo que exiliarse y ejercer desde Florencia (Caquetá), para evitar ser asesinado. No obstante, regresó al municipio para hacer efectivos los empalmes con el alcalde electo y volvió a recibir amenazas.

Teniendo en cuenta el riesgo en el que se encuentra y temiendo represalias por parte del grupo armado, solicitó a la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República tener en cuenta su caso e intervenir para que el esquema de seguridad no sea retirado.

El alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, recibió una notificación en la que se le informa que no contará con la policía como esquema de seguridad - crédito Colprensa
El alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, recibió una notificación en la que se le informa que no contará con la policía como esquema de seguridad - crédito Colprensa

“Eso es un deber que tiene el Estado y más con las situaciones de orden público que hemos denunciado. Nos amenazan los grupos al margen de la ley por denunciar todo lo que pasa y el Estado nos deja sin protección, como para dejarnos en bandeja a estos grupos”, señaló el mandatario local.

Aseguró que, en caso de que no llegue a identificar soluciones para su solicitud, recurrirá a una acción de tutela y, si es necesario, irá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuente con las garantías que necesita.

La ayuda que pide Edilberto Molina surge seis días después de que el alcalde de Guachené (Cauca), Élmer Abonía Rodríguez, fuera asesinado. El crimen estremeció al departamento y generó fuertes cuestionamientos sobre los esfuerzos del Gobierno nacional para mantener la seguridad y el orden público en el país.

Además, ese mismo día, cinco personas pertenecientes al resguardo indígena Canoas aparecieron muertas en Santander de Quilichao (Cauca). Las víctimas son John Freiman Ramos Ocaña, líder social de la región, su esposa Yisel Menza y su hija de 15 años, así como los jóvenes Davinson Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos. Investigaciones previas indican que las disidencias de las Farc estarían detrás de los homicidios.

Las amenazas en su contra

Las disidencias de las Farc exigieron al alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, pagar 1.000 millones de pesos para que pudiera hacer campaña política en 2019 - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Las disidencias de las Farc exigieron al alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, pagar 1.000 millones de pesos para que pudiera hacer campaña política en 2019 - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En 2019, las disidencias de las Farc, en cabeza de Iván Mordisco, exigieron al alcalde saliente un monto de 1.000 millones de pesos para que pudiera hacer campaña electoral. Sin embargo, cuando llegó al cargo en enero de 2020, empezó a recibir otras intimidaciones: el grupo armado pidió 300 millones de pesos para que pudiera trabajar y entrar a su despacho.

En octubre recibió una citación para presentarse a una reunión con el grupo guerrillero, a la cual no asistió, y en noviembre le llegó una notificación emitida por la Comisión de Finanzas del Frente Miller Perdomo del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias, en la que se le exigía más dinero por el trabajo desarrollado en el cargo.

“La presente nota es para que nos haga un aporte de 10.000 millones por los años de función. Muchas gracias por su atención. Plazo para el 10 de noviembre de este año”, se lee en la nota, a la que tuvo acceso Blu Radio.

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