En la madrugada del sábado 16 de diciembre llegaron a Medellín 34 miembros de la comunidad embera katío, provenientes del municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, donde se estaría realizando un desplazamiento masivo de varias familias por cuenta de una grave crisis humanitaria.
Así lo confirmó el personero distrital, William Vivas, que indicó que entre las personas recibidas hay por lo menos 18 menores de entre 0 y 15 años. Todos los miembros de la comunidad que llegaron a la capital antioqueña están siendo atendidos en las instalaciones de la Unidad Permanente de Derechos Humanos al norte de la ciudad.
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De igual forma, la Personería informó que hay un niño hospitalizado en un centro asistencial de Medellín, y hay otro hospitalizado en Quibdó, capital de Chocó.
Medellín está en alerta porque en las próximas horas llegarían más familias, que estarían huyendo del Chocó por hechos como homicidios y amenazas en Nuquí, Juradó y Bahía Solano, donde hay una fuerte disputa entre el ELN y el clan del Golfo. De hecho, lo que habría detonado el desplazamiento masivo habría sido el asesinato de un miembro de la comunidad indígena La Montaña, en El Carmen de Atrato.
De tal manera que la ciudad ya está disponiendo de una amplia logística para activar las rutas de atención que requieran todas las personas desplazadas, lo cual hace a Medellín un sitio ideal para su acogida.
“El miedo y la zozobra que generó el hecho al interior de los integrantes de esta comunidad ha conllevado a que se desplacen hasta Medellín y según nos dicen ellos, se espera que un número importante de los integrantes lleguen a la ciudad de Medellín en las próximas horas”, le dijo Vivas Blu Radio.
Vivas le pidió a la Administración distrital, que está de salida, destinar los recursos necesarios para que todas estas personas tengan una estadía digna mientras se dan las garantías para que puedan tener un retorno seguro a su lugar de procedencia.
“Hacemos un llamado a la administración distrital para que disponga de los recursos económicos necesarios para que se pueda atender de la manera adecuada a esta población y, por tanto, se logre restablecer las condiciones para que estos puedan retornar a sus lugares de origen”, pidió ante los micrófonos de la emisora mencionada.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ya había emitido una alerta por la agudización de la crisis humanitaria en el Chocó. “Los homicidios y el aumento de las amenazas agudizan cada vez más la crisis humanitaria que desde hace varios días padecen los habitantes de Nuquí, Juradó y Bahía Solano. Necesitamos que nuestro llamado sea atendido: es urgente la implementación de un plan integral de protección de los derechos humanos de toda la población de la subregión chocoana del Pacífico Norte”, dijo.
Por ejemplo, en Juradó fue encontrado el cuerpo de una persona cerca de la cabecera municipal y hay 30 personas amenazadas por los grupos armados ilegales, según informó la Defensoría del Pueblo.
“En Bahía Solano, el 12 de diciembre, ilegales dejaron un cadáver en el casco urbano, y al día siguiente también fue ultimada una persona; en la parte superior de su cuerpo dejaron un panfleto amenazante cuyo texto estaba firmado por las Agc–Clan del Golfo”, dijo el Ministerio Público.
De igual forma, fue encontrado el 13 de diciembre el cadáver de un hombre en Nuquí con un cartel del clan del Golfo. Además, se han registrado amenazas a la población a través de WhatsApp.
Ante la eventual llegada de desplazados a Medellín, se adelantó una reunión entre la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, la Unidad de Víctimas, la Alcaldía de la ciudad y líderes de la población afectada para que se destinen los recursos que sean necesarios y se informe acerca de la población que estaría a punto de llegar a la ciudad.