Demandaron a Bogotá asegurando que Claudia López no es real, es un holograma: estos son los curiosos procesos que enfrenta el Distrito

La capital colombiana está envuelta en una maraña judicial con una cantidad de litigios que podrían representar una pérdida enorme del patrimonio público si resultaran en fallos adversos.

Estas demandas varían, y van desde reclamos por sumas millonarias, que podrían alcanzar el billón de pesos, hasta otras insólitas o que parecen ser abuso del sistema judicial.

El equipo legal de la Alcaldía trabaja en defensa de los intereses de la ciudad ante la posibilidad de que estas demandas fructifiquen en sanciones económicas.

En una conversación con El Tiempo, William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía, destacó la importancia de la gestión proactiva de estos procesos y la relevancia de las estrategias de mediación como herramientas para disminuir el impacto potencial de los mismos.

A su vez, Mendieta subrayó la necesidad de continuar con esta intensa labor legal bajo la futura administración del alcalde electo, Carlos Fernando Galán y describió el voluminoso trabajo que representa la defensa de la ciudad en los juzgados y tribunales.

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La capital enfrenta un total de 13.007 demandas, según informó la Secretaría Jurídica del Distrito al mismo medio de comunicación. En esas demandas se incluyen acciones de nulidad, controversias contractuales y procesos de reparación directa. El destacado número de litigios ha sido revelado por la medición del Departamento Administrativo de Función Pública sobre gestión.

Las causas de estas demandas se distribuyen entre diversas áreas, especialmente por temas de reparación directa, acciones de nulidad, resarcimiento del derecho y controversias contractuales. La Secretaría Jurídica ha sido proactiva en enfrentar este alto volumen de procesos legales, lo que refleja la compleja dinámica urbanística y administrativa de Bogotá.

El trabajo de la Secretaría no sólo se centra en la defensa del Distrito frente a estos procesos, sino también en el fortalecimiento de una cultura de legalidad y anticorrupción. Además, la ciudad tiene la tasa más alta de éxito procesal en el país y recientemente, las demandas y tutelas presentadas ante despachos judiciales han incluido solicitudes inusuales, como la de una ciudadana que requería la nulidad de la elección de la alcaldesa al considerarla un holograma.

Otro ciudadano interpuso cien tutelas en relación con temas ambientales, lo cual evidencia un uso desmedido del derecho al acceso a la justicia. Este fenómeno se traduce también en una sobrecarga para el sistema judicial, que debe atender una gran cantidad de casos, no todos caracterizados por su relevancia o seriedad.

Bogotá alcanza un destacado éxito procesal en defensa jurídica con una eficacia procesal del 84% y un 90% en el cumplimiento de pretensiones y podría limitar sus gastos por demandas a no más de 1 billón de pesos (aproximadamente 260 millones de dólares), frente a un riesgo litigioso que asciende casi a los 12 billones de pesos (aproximadamente 3,140 millones de dólares). Según le dijo el secretario a El Tiempo, la clave para estos resultados financieros favorables para la ciudad radica en una gestión jurídica construida durante los últimos 16 años.

Uno de los retos más significativos ha sido la defensa de los intereses de la ciudad en disputas legales con el operador del relleno Doña Juana. En 2020, Bogotá obtuvo una victoria en un tribunal de arbitramento con pretensiones cercanas a los 300.000 millones de pesos (aproximadamente 78.5 millones de dólares), y pese a las demandas del operador por encima del billón de pesos (aproximadamente 260 millones de dólares), la ciudad logró que el tribunal solo reconociera 65.000 millones de pesos (aproximadamente 17 millones de dólares) de los 1.2 billones de pesos reclamados, a la espera de la decisión del Consejo de Estado frente a un recurso de anulación. A esto se suma la convocatoria a otro arbitramento por 14.000 millones de pesos (aproximadamente 3.66 millones de dólares), cuya estrategia de defensa recaerá en la próxima administración.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido un fallo trascendental al considerar que se vulneraron derechos fundamentales durante el proceso que suspendió la licitación del ‘corredor verde’, marcando así un precedente sobre cómo deben actuar los jueces frente a la suspensión de obras de infraestructura en futuras acciones populares. Este fallo es parte de los múltiples litigios y reclamaciones que enfrenta la administración distrital, incluyendo una disputa por pagos de años anteriores y diversas demandas contra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La controversia del ‘corredor verde’ puso de manifiesto el debate sobre el modelo de enterramiento de la basura en la ciudad, una práctica que según el actual POT, debe ser reemplazada por tecnologías más modernas como el compostaje y el aprovechamiento de residuos, promoviendo la construcción de un parque tecnológico. Asimismo, pesa sobre el Distrito la necesidad de ejercer una defensa firme frente a las reclamaciones económicas que han surgido.

Actualmente, la primera línea del metro muestra un avance del 30% y, pese a los rumores de posibles cambios en el proyecto, la posibilidad de modificar el contrato vigente se ha desestimado por completo. Esta situación se ve reflejada también en la supervivencia del POT, que a pesar de enfrentar 10 demandas, se mantiene vigente tras la decisión del Tribunal de no acoger una medida cautelar que buscaba su suspensión. El proceso de las demandas sigue su curso, muchas de ellas centradas en la gestión del Distrito en el Concejo durante un periodo crítico de 90 días. En palabras de la administración, el POT “goza de total legalidad”, respaldado por el uso de facultades legales y constitucionales por parte de la alcaldesa frente a la no pronunciación del Concejo en los plazos establecidos por la ley.

El Distrito enfrenta diversas disputas legales fundamentales para la ciudad, incluyendo la defensa de la constitución de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca frente a múltiples demandas, con una positiva expectativa tras haber logrado la declaración de in exequibilidad de siete de estas. Asimismo, avanza en la defensa del operador de transporte público La Rolita, cuyo marco legal fue cuestionado, pero el cual cuenta con fuertes argumentos y material probatorio para respaldar su operación. Además, se aguarda un pronunciamiento favorable del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación a la petición de Fedemunicipios por un 10% de las multas de tráfico, que implicaría un considerable monto monetario para la ciudad.

En el proceso contra el operador de transporte La Rolita, el Consejo de Estado ha participado proporcionando documentación crucial que soporta la defensa de la ciudad, con indicios claros de que se salvaguardará la legalidad del artículo impugnado que daba vida al operador. Por otro lado, en el caso de la demanda de Fedemunicipios, se ha registrado ya un fallo en primera instancia que respalda la postura del Distrito, generando expectativas de un resultado final a su favor el próximo año

Una serie de otros litigios importantes se encuentran en curso, incluyendo la disputa con el contratista del Hospital San Juan de Dios, en el que el Ministerio de Cultura ha jugado un papel relevante al negar el permiso para la demolición de una torre central, llevando a este caso a un tribunal de arbitraje internacional.

Además, decisiones importantes se esperan en relación con las plantas de tratamiento Ptar Canoas y Salitre, donde se requieren garantías del Gobierno Nacional y revisión de órdenes previas respecto a la operacionalidad y estructura del proyecto

Para los desafíos jurídicos futuros, el alcalde electo de Bogotá cuenta con un robusto modelo de defensa jurídica y un equipo de abogados altamente comprometidos con los intereses de la ciudad. Estas capacidades legales garantizan al alcalde electo y a los ciudadanos que la capital colombiana está preparada para enfrentar y gestionar eficientemente los retos legales presentes y venideros