Líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen en riesgo ante la situación de violencia persistente en Colombia.
Así lo reveló el último informe de Amnistía Internacional titulado Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa, el cual reveló que la impunidad permanece en los diferentes gobiernos que no han sido capaces de proteger a sus líderes sociales.
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La organización indicó que, en los últimos cinco años, el Estado colombiano ha respondido de manera insuficiente ante los graves riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país.
En 2023, la Defensoría del Pueblo evidenció un aumento en los asesinatos de líderes sociales en el país. Según el programa Somos Defensores, 199 personas defensoras fueron asesinadas en 2020; 139 en 2021, y 197 en 2022.
A septiembre de 2023, Indepaz ya había documentado el asesinato de 127 defensoras de derechos humanos, una cifra provisional pero alarmante.
Ante la crisis, Amnistía Internacional solicitó al Gobierno nacional garantizar que los líderes sociales tengan un espacio propicio y seguro para hacer su labor.
“Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos en Colombia que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan. Entre 2020 y 2023, hemos observado que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país. (...) Nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Violencia contra líderes y defensores de derechos humanos en los dos últimos gobiernos
El informe presentado por la organización, además de relatar cinco casos particulares de ataques y amenazas a personas defensoras de derechos humanos en cuatro regiones de Colombia, presentó un análisis de los últimos dos años de gobierno del presidente Iván Duque y el primero de Gustavo Petro.
Durante el cierre del período presidencial de Iván Duque, Amnistía Internacional evidenció que, a pesar de las múltiples advertencias y recomendaciones realizadas por organizaciones de defensa de derechos humanos, plataformas y organizaciones internacionales, el gobierno insistió en la adopción de medidas contraproducentes para proteger sus líderes sociales, como crear mecanismos paralelos a los existentes a través del Plan de Acción Oportuna, y se resistió al cumplimiento de los compromisos que al respecto se pactaron en el acuerdo de paz de 2016, como garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Por su parte, el Gobierno de Gustavo Petro inició con intenciones de cambiar la situación, la adopción de un plan de emergencia para la protección de las personas defensoras y el inicio de gestiones para llegar a soluciones a mediano y largo plazo. A pesar de ese cambio de rumbo, Amnistía Internacional pudo verificar que la violencia contra defensores de derechos humanos continuó durante su mandato, tanto en términos de cifras generales como respecto de varios de los casos documentados en el informe.
Un llamado a la protección colectiva de la población vulnerable
“Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo en que están inmersas las personas defensoras y sus comunidades, especialmente en los casos de aquellas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estas medidas deben buscar la completa mitigación de las causas generadoras de la violencia a partir de un enfoque integral e interseccional”, dijo Ana Piquer.
Agregó que al mitigar las causas estructurales, “no sólo se les protege, sino que se garantizarán sus otros derechos (...) urgimos que la intervención estatal sea completa, comprehensiva y coordinada”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el enfoque de protección adecuado para el abordaje y mitigación de las causas estructurales de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es el de protección colectiva, “complementario a la protección individual y basado en una aproximación interseccional”, que identifique las necesidades y riesgos de la población vulnerable del país.
Dentro de la población vulnerable por la violencia y el conflicto armado, sobre la que alertó la organización están: las mujeres, los Pueblos Indígenas, las comunidades Afrodescendientes y campesinas, los niños y niñas, las personas LGBTIQ+, las comunidades rurales y otros grupos históricamente marginalizados o discriminados.