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Esto es lo que exige el Invima a Gustavo Petro para reabrir los mataderos municipales

La entidad aclaró lo que es el Decreto 1500 de 2007, que busca atender la evidente necesidad de contar con plantas de beneficio debidamente autorizadas para comercializar carne

Algunos gremios aseguraron que reabrir mataderos municipales no hará que el precio de la carne en Colombia tenga una reducción. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) se pronunció sobre la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de reabrir los mataderos municipales para acabar con los monopolios de los frigoríficos y reducir el precio de la carne.

Exactamente, Petro afirmó que “mi objetivo al recuperar la figura de matadero al que hay que tecnificar es bajar el precio de la carne”, lo que tuvo respuesta inmediata de varias organizaciones y actores de la cadena cárnica. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Veterinarios (Acovez) respondió que esa iniciativa no garantizaría que el valor de la carne disminuya y, además, que esto representaría un problema de salud pública.

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La entidad expuso sus reparos frente a lo que sería la modificación del Decreto 1500 de 2007: “Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación”.

Así las cosas, manifestó que hay un proyecto de modificación del Decreto 1500 de 2007 que está enfocado en resolver las dificultades de abastecimiento de productos cárnicos que en la actualidad se tienen en el país.

Además, que esta norma es un instrumento técnico jurídico y que permite combatir actividades ilegales como el sacrificio clandestino y el transporte y gasto de carne y productos cárnicos comestibles de procedencia ilegal y, por tanto, garantiza que Colombia cuenta con establecimientos aptos para el beneficio de animales para consumo humano.

El Invima se encarga de vigilar la calidad de los medicamentos y alimentos que se consumen en Colombia. Foto: Colprensa

Por lo tanto, enfatizó que existe la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), la cual desarrolla este proyecto de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y como invitados permanentes el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Invima. Asimismo, que el proyecto se publicó en dos ocasiones para consulta pública y recibió valiosas observaciones de los diferentes actores de la cadena cárnica, gremios, academia y grupos de interés.

Los requisitos del Invima

El Invima contempla que posterior a las publicaciones y acorde con la normatividad vigente sobre la materia, se establecerán los requisitos mínimos para la habilitación de plantas de beneficio animal categoría autoconsumo en los municipios categoría 5 y 6 cuando se cumplan tres requisitos.

El primero es que el ICA determine que existen condiciones especiales de sanidad animal. El segundo, que se presenten dificultades de interconexión terrestre con otros municipios donde existan plantas de beneficio animal autorizadas. El tercero tiene que ver con que se determinen dificultades de abastecimiento desde plantas de beneficio animal ya autorizadas por el Invima.

De esta manera, precisó que la modificación del Decreto 1500 de 2007 atenderá la evidente necesidad de contar con plantas de beneficio debidamente autorizadas por el Invima, contribuir al abastecimiento de productos cárnicos en municipios y regiones que actualmente no cuentan con este servicio y representa un gran aporte en la lucha contra la ilegalidad en el mercado de cárnicos en el país.

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