Desde el momento en el que Armando Benedetti asumió su cargo como embajador de Colombia en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia determinó que no podía continuar con los cuatro procesos que cursaban en contra de este funcionario y luego de este anuncio, las investigaciones pasaron a manos de la Fiscalía General de la Nación.
Por la salida repentina del funcionario de su cargo en Venezuela, el alto tribunal tendrá que definir en las próximas semanas el futuro de los diferentes procesos que se llevaban en su contra, es decir, si estos volverán o no a manos de la alta corte.
Los procesos que tiene Benedetti con la justicia son por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, otro por una denuncia en el caso de Centros Poblados, por el caso Fonade, otro por las ‘chuzadas’ de la empresa Simetric y al menos uno por injuria y calumnia.
PUBLICIDAD
Los dos casos claves que se llevan toda la atención de la opinión pública son el de enriquecimiento ilícito y el de corrupción en Fonade. Estas dos investigaciones pasaron a manos de la Fiscalía ya que la Corte estimó que al dejar de ser senador, esta perdió la competencia para continuar con la investigación ya que los hechos por los cuales esta se llevaba a cabo, no habrían estado ligados a su función como congresista.
Por otra parte, el proceso por enriquecimiento ilícito que se encontraba en manos de la magistrada Cristina Lombana, quien nunca estuvo de acuerdo que este pasara a la Fiscalía e insistió varias veces que se lo devolvieran, por lo cual el mismo fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que era labor de la Fiscalía seguir con este caso.
El expediente pasó a manos del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, quien anuló parte del trámite que se había adelantado en la Sala de Instrucción, incluido un informe pericial de marzo de 2020 que condensó información económica, patrimonial y financiera del exembajador desde 2002, que indicó que Benedetti tendría que justificar $2.919 millones de pesos que no los habría conseguido en su cargo como congresista.
PUBLICIDAD
Por esta investigación el exembajador siempre negó esta acusación y cuestionó a Lombana, además, en su defensa se realizó en la Corte un informe de policía judicial que, según él, habría justificado hasta el último centavo de ese dinero.
En este momento se encuentra en estudio si este caso sigue su curso en la Fiscalía o por el contrario vuelve a la Corte Suprema de Justicia ya que la magistrada Lombana compulsó copias para investigar al fiscal Jaimes, por que a su parecer cometió fallas graves y afirmó que estas se hubieran evitado con solo mirar jurisprudencia por internet, sobre la calificación del delito y por haber cerrado alegatos, sin hacer la definición jurídica.
Caso Fonade
Allí se investiga a Benedetti, por su presunta participación junto a otros congresistas, en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas en Fonade. Esta investigación se remite a una denuncia que hizo el abogado Jaime Lombana Villalba quien asegura que el exembajador habría influido en algunos hechos supuestamente irregulares para favorecer a la empresa Simetric con la expedición de una ley, así como en otros hechos en los que estarían involucradas algunas entidades estatales entre las que están la Fiduprevisora, el Sena, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.
PUBLICIDAD
Caso Centros Poblados
Esta investigación que también pasó a manos de la Fiscalía, es por un contrato que se firmaría para llevar internet a sectores rurales del país. En este caso en el que también está involucrada la exministra de las Telecomunicaciones y la Información, Karen Abudinen, quien indicó que Benedetti la llamó para sugerirle que en vez de caducar el contrato lo cediera a una entidad norteamericana, a lo que la funcionaria respondió en su momento en sus redes sociales: “Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”.
A esto Benedetti negó tajantemente este hecho y respondió: “Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”
Caso lavado de activos
Este expediente surgió del proceso por enriquecimiento ilícito, iniciado por la Corte Suprema. En este el exfuncionario fue llamado a rendir indagatoria en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien compulsó copias. Por su parte la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre ocho propiedades ubicadas en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), que estarían a nombre de Benedetti Villaneda, Ruby Corredor Ruíz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro, avaluados en más de $8.000 millones de pesos.
PUBLICIDAD
También en este informe que fue usado para llamar a rendir indagatoria a Benedetti, se hace referencia a la compra de un apartamento que se encuentra ubicado en un sector exclusivo de Bogotá y que tendría un costo de $1.600 millones de pesos, adquirido por Ruby Corredor a la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2010 y que pasó a manos del exembajador ese mismo año, y por el cual se constituyó una hipoteca en un banco por el mismo monto.
Caso ‘Chuzadas’ y Simetric
En este caso en el que también se encuentra involucrado el exdirector del Gaula el general (r), Humberto Guatibonza, con lo que se lo consideró a Benedetti como un supuesto cliente de la red de ‘chuzadas’, con el fin de intervenir ilegalmente las comunicaciones del abogado Jaime Lombana. Como ha hecho con otras acusaciones también la negó rotundamente.
Este caso que no pasó a la Fiscalía y que sigue en manos de la magistrada Cristina Lombana, por un supuesto favorecimiento a la empresa Simetric en la adjudicación de un contrato por el que la funcionaria pidió trasladar las pruebas del proceso por enriquecimiento que reposaba en la Fiscalía al advertir que necesitaban elementos los probatorios que se habían practicado. Cabe resaltar que esta denuncia la hizo el coronel (r) del Ejército Jorge Humberto Salinas.
PUBLICIDAD