Purga entre el Gobierno y los indígenas U’wa por regeneración de proyectos petroleros

El Gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a difícil panorama para reactivar contratos petroleros suspendidos en Colombia y, en esta entrega, pone la lupa en nueve contratos que enfrentan una dura oposición de distintas comunidades indígenas.

La mayoría de las comunidades indígenas ve en el petróleo un desangre de la madre tierra y muchos se oponen por razones que van desde la preocupación por la supervivencia de su cultura y modo de vida, la desarmonización de los territorios, los daños ambientales y la llegada de actores armados a sus tierras.

Es importante recordar los anuncios generados por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien reiteró desde el foro mundial Davos, que este Gobierno no entregará nuevos contratos de petróleo y gas.

Sirirí está ubicado entre Boyacá y Norte de Santander. De acuerdo con Ecopetrol, el proyecto está suspendido por requerimientos de las comunidades al Gobierno.

‘Los requerimientos provienen de la comunidad indígena representada por Aso U’wa y vienen siendo atendidos desde 2014 por el Gobierno en mesas de diálogo a las que asiste Ecopetrol como operador’, dijo la compañía petrolera.

El presidente Aso U’wa, Javier Villamizar, quien dice que su pueblo, la Nación U’wa, no quiere petróleo en su territorio ancestral y nunca va a dar el permiso para que eso pase. ‘Nosotros vamos a oponer, vamos a luchar, vamos a resistir y vamos a pelear con el Gobierno nacional’, aseguró Villamizar.

Según el acta de suspensión, desde 2015, New Granada Energy ha tenido problemas en su relación con los habitantes del resguardo Corozal Taojo al punto que en una comunicación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la empresa le dice que el resguardo es ‘ingobernable’. Hoy el contrato está suspendido hasta que se logre un acuerdo sobre el mantenimiento de una vía y se termine la consulta previa con el resguardo.

Fuentes en la región aseguraron que hace poco se intentó un acercamiento por parte de la compañía con el pueblo Piapoco, pero aún no hay oposición del pueblo sáliva que también está presente en la región.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos suspendió contrato PUT 1 desde el año y hasta que cese la oposición de la Asociación de Cabildos Indígenas de Villa Garzón en Putumayo.

‘No, definitivamente, no, porque usted sabe que si ingresan empresas extractivas en nuestro territorio vamos a tener muchas dificultades como hemos tenido a nuestros alrededores. Hemos tenido amenaza de nuestros líderes, hemos tenido pérdida de nuestros alimentos’, dijo el gobernador del resguardo inga Wuasipungo, José Jansasoy.

Los ingas se consideran protectores de la tierra y permitir el extractivismo va en contra de los principios del pueblo, actualmente están convencidos de que el petróleo les traería problemas medioambientales, culturales y sociales en comunidades donde en la mayoría de los casos el Estado ni siquiera ha llevado los servicios públicos.

La comunidad Siona del Resguardo Buenavista lleva años en una pelea judicial para que el Estado les restituya las tierras que el conflicto armado les quitó. En 2018 un juez de Mocoa les concedió medidas cautelares que paralizaron las actividades el bloque PUT 12 hoy en liquidación y luego las ampliaron al bloque PUT 9 que está suspendido.

El pueblo Siona es reconocido por la justicia nacional como un pueblo que está en riesgo de exterminio físico y cultural. Mientras no se resuelva el caso de restitución no podrá haber consulta previa, pero de todos modos al pueblo tampoco le interesa el petróleo.

Para esta comunidad el término ‘petróleo’ ni siquiera es conocido. Los Siona creen que oponerse a la mezcla de hidrocarburos no solo beneficiará a su comunidad, sino al planeta entero.

La comunidad indígena asegura que no cuenta con las condiciones para negociar las normas legales con compañías petroleras en el territorio y que por el contrario son constantes las agresiones por parte de estas para que se facilite la extracción del material en el territorio.

El resguardo publicó mandato para la comunidad en relación a la no iniciación de ninguna consulta previa de proyectos de hidrocarburos y exploración de la madre tierra hasta que el Estado colombiano haya reparado integralmente los daños territoriales.

Se espera que las comunidades indígenas y la administración actual lleguen a un acuerdo sobre los proyectos relacionados al petróleo en el país.

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