Antes de alcanzar la presidencia —y quedar centrado por seis investigaciones fiscales—, Pedro Castillo era un maestro rural que militaba para Con mis hijos no te metas, un movimiento que deniega el reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género.
Frente a su exoponente política, Keiko Fujimori, el candidato por Perú Libre apelaba a la transfobia en sus discursos de campaña: “¿Hay niñas con pene y vagina, hay niños con pene y vagina?, ¿dónde estamos compañeros? —bramó en junio de 2021— Tenemos que echar a la basura esa idiosincrasia”.
Ha mostrado su abierto rechazo al matrimonio igualitario y al aborto, un derecho también demandado por hombres trans, personas transmasculinas y no binarias. En su primer mensaje a la Nación, cargado de simbolismos y reivindicaciones, no pronunció ni sola línea sobre la comunidad LGBTIQ+.
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“Los discursos políticos siempre han tenido un enfoque machista y homofóbico —dice Gabriel de la Cruz, director de Presente—, ese es el lugar desde el cual nuestros políticos conectan con la mayoría de peruanos. Castillo no es la excepción. Aunque sostuvo reuniones durante campaña, no ha hecho una sola referencia a nuestras vidas y problemáticas en algún discurso público suyo. Somos el grupo al que más ha invisibilizado este gobierno”.
“Hay que decirlo claro —comenta Gianna Camacho, periodista y activista por los derechos trans—: Perú no tiene ni una sola iniciativa legal vinculada a la comunidad LGBTIQ+, ni una sola; lo que hay son apenas proyectos o buenas intenciones, y sinceramente no creo que avancemos mucho”.
“El principal desafío que enfrenta el Gobierno se encuentra en la voluntad política, pues sin voluntad no se logra nada —señala Bruno Fernández, director ejecutivo de Mas Igualdad—. Estar convencidos de implementar políticas públicas, servicios e investigaciones a favor de la comunidad, y reconocer la situación de vulnerabilidad, es el primer paso del cambio, aunque a esta administración parece no importarle”.
Han sido 500 días de desaprobación y deuda histórica para la diversidad, en medio de pedidos de destitución y tramas en la sombra: no hay una ley estatal contra los crímenes de odio —hubo 88 entre 2012 y 2021, según el Ministerio Público—, la ley de identidad de género se mantiene paralizada, la propuesta de matrimonio igualitario no ha sido agendada para ser discutida ni ha recibido apoyo de los parlamentarios, y ni siquiera hay asomo sobre una iniciativa del cupo laboral trans.
Bajo su mirada, Castillo se rehúsa a comprender el nivel de exclusión de las personas diversas: “Por ejemplo, Macroconsult reveló este año que la comunidad LGBTIQ+ tiene tasas de desempleo cinco veces más altas que las personas heterosexuales. Entonces, ¿por qué no tenemos una política pública que permita a personas de nuestra comunidad acceder a este derecho?”, cuestiona.
Esta desidia acentúa las brechas. “Por ejemplo, las personas que viven con VIH no disponen de antirretrovirales en los hospitales, pero el Ministerio de Salud no atiende esta demanda. Y así la desatención crece”. La postura es compartida por Gianna Camacho, que propone a las carteras instaurar —y hacer sostenibles— las políticas públicas y/o programas de Estado.
“La buena voluntad de inclusión se queda en los funcionarios. Con estos vaivenes políticos se han ido varios y con ellos se ha ido todo lo avanzado, sin la institucionalización de esas demandas —dice—. Además, el presidente tiene demasiadas deficiencias técnicas y de conocimiento sobre la realidad del país que, si no conoce lo que desean las ‘grandes mayorías’, mucho menos puede atender las minorías”.
Se refiere a las disculpas públicas que el Estado peruano pidió a Azul Rojas Marín, una mujer trans sobreviviente de violación y tortura, por un caso que desplegó una serie de irregularidades y dejó en libertad a los agresores: Luis Miguel Quispe Cáceres, suboficial de tercera; Juan Isaac León Mostacero, suboficial; y Dino Horacio Ponce Pardo, técnico de segunda.
Sin embargo, el acto respondió a las diez reparaciones vinculantes ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en las que se encontraba, además, proveer asistencia médica y psicológica a Azul —aunque ella siga enfrentando barreras para acceder a servicios de salud—, adoptar protocolos de investigación y administración de justicia en casos de violencia a sus miembros, y elaborar un plan para sensibilizar y capacitar a agentes estatales sobre la violencia.
“Es decir, medidas concretas no vienen por el Gobierno, sino que son ordenados por un ente ajeno [como en el caso Azul] o ya están preestablecidas. No vemos que haya la voluntad de impulsarlas por sí solo”, remarca Fernández.
Al filo del abismo, investigado por corrupción, Castillo debería “liderar un discurso a favor de la comunidad y empezar a hablar de los derechos de las minorías”, si es que sale indemne a una tercera moción para destituirlo, anota Gabriel de la Cruz.
“Hay una afectación clara a raíz de la crisis política —dice Gianna Camacho—. Han sido 500 días donde se ha evidenciado que Castillo no nos representa, pero que, muy a pesar, existimos y estamos presentes en todos los espacios que nos han negado”. Quizá el gobernante ha olvidado que el lápiz, el símbolo con el que llegó al sillón presidencial, también es de múltiples colores.
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