Pedro Gamio: “Se ha puesto en riesgo el 20% de las inversiones comprometidas en el sector minero” | ENTREVISTA

La minería es uno de los motores fundamentales de nuestra economía. Sin embargo, en lo que va estos diez meses del Gobierno de Pedro Castillo, los conflictos sociales han paralizado esta actividad. Las más perjudicadas son las empresas formales, mientras las informales siguen operando con total impunidad como en el caso de Arequipa, donde lamentablemente 15 personas perdieron la vida producto de un enfrentamiento.

Frente a este panorama desolador, Infobae entrevistó a Pedro Gamio, exviceministro de Minas, quien cuestiona que el Ministerio de Energía y Minas haya perdido capacidad para destrabar los proyectos mineros que hay en carpeta.

En Ático ya se reporta 15 muertos por el conflicto entre mineros ilegales. ¿Cómo observa la reacción del Gobierno frente a este asunto?

Sí, pero aun siendo mineros ilegales, es importante tener presente que hay una comisión multisectorial permanente que preside el viceministro de Minas, quien debía estar monitoreando estos conflictos y advertir de los mismos. Desde que se ha cometido el error de nombrar a personas que no están calificadas, el Ministerio de Energía y Minas ha perdido capacidad de respuesta. Esto es urgente que la nueva ministra (Alexandra Herrera) lo corrija.

Los mineros ilegales no se quieren ir de la zona porque allí dicen es una zona de explotación de cobre y oro.

Esta falta de prevención hace que estas zonas se conviertan en tierra de nadie. El Estado debería estar ejerciendo su autoridad y la defensa de los derechos de la vida de las personas. Está fallando el monitoreo y la capacidad para evitar que haya una batalla campal entre todos estos actores. El Estado debe ser el promotor en defensa de la ley, el derecho a la vida de las personas y del medio ambiente. Se ha llegado a una consecuencia gravísima que nunca antes habíamos visto tantos muertos en una protesta de esta naturaleza que revela el crecimiento de este tipo de actividad minera ilícita.

Este tipo de conflictos también coincide con la aprobación de este proyecto de ley el año pasado que le otorga una ampliación a los mineros informales para que puedan formalizarse.

Esa prorroga fue populista y no tenía sustento técnico porque en verdad el problema es la capacidad del Estado para hacer que la ley la respeten todos. Los grandes, los pobres y la clase media. Todos en el Perú somos iguales ante la ley. No puede haber una diferencia ni se pueden crear espacios donde las personas hagan lo quieran y sea la perdida total de valores y reglas que son fundamentales para la vida moderna en un mundo civilizado. Dicho de otra forma, se están creando espacios donde la ley no existe y eso es peligroso.

Usted me decía al inicio que hubo un copamiento del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué tanto puede afectar esto a las inversiones mineras?

Muchísimo. Ponga usted a una persona que no está calificada en un puesto técnico y va ver el costo que los peruanos tendremos que pagar. Hay que respetar la trayectoria, la vocación y la capacidad técnica. Hacer lo contrario, es sabotear al país.

¿Cuánto estamos perdiendo en lo que va del año?

Se ha puesto en riesgo el 20% de las inversiones comprometidas en el sector minero. Y eso para un país que podría ser líder en producción de cobre, es dispararse a los pies. La nueva ministra tiene una tarea enorme porque debe reconstruir casi todas las lineas técnicas del sector.

Las Bambas se encuentra paralizada hace más de 50 días. Incluso, el Gobierno pidió la intervención de la Iglesia. (Nota de redacción: Tras la entrevista, se conoció de una tregua con los comuneros por 30 días)

Las Bambas se encuentra paralizada hace más de 700 días desde que comenzó a operar. Es muchísimo tiempo. Las Bambas tienen problemas muy complejos y, cuando ha operado, lo hizo bajo un régimen de emergencia sin principio de autoridad del Estado. En pocas palabras, la única posibilidad de que Las Bambas siga operando en el corto plazo es que el Estado mantenga el canal de las negociaciones, busque los más justos acuerdos y haga prevalecer el principio de autoridad en el país porque hay un Estado de derecho. Eso significa que debe intervenir todo el proceso de la ruta como ocurrió antes bajo un estado de la suspensión de las garantías. Lamentablemente, no se ha entendido la gravedad para el país de tener esa perdida de ingresos sin los cuales no se puede pagar el presupuesto de salud, educación ni a los propios policías. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para restablecer el principio de autoridad.

Lo mismo también pasa en Cuajone.

Allí se está extendiendo el caos y la crisis porque la autoridad está fallando. Entonces, ahora es importante que haya una autoridad eficaz, inteligente y que no deje que este problema se agrave. Estamos frente a una situación muy complicada para la gobernabilidad del Perú.

Tampoco ayuda que las máximas cabezas del gobierno vayan a despotricar de la minería formal como lo hizo la señora Dina Boluarte en Suiza. Y menos que el presidente Pedro Castillo no se pronuncie al respecto.

No sé usted, pero yo no imagino al Primer Ministro de China o Vietnam que haga críticas tan severas contra su país y una actividad formal en un foro internacional tan importante como es Davos.