
Más de 100.000 refugiados armenios han abandonado el territorio de Nagorno Karabaj, lo que supone el 83 % de la población de enclave, territorio separatista azerbaiyano habitado por armenios que será reintegrado en el sistema legal y administrativo de Azerbaiyán tras la operación militar azerí de la semana pasada, así lo informó este sábado por la portavoz del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.
“Para este momento 100.417 personas desplazadas de Nagorno Karabaj han llegado a Armenia”, indicó Pashinián.
Según las cifras oficiales, unos 120.000 armenios vivían en este territorio montañoso antes de la ofensiva relámpago con la que las fuerzas azerbaiyanas recuperaron este mes el control efectivo de la zona.
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La mayoría de los refugiados tiene familiares o amigos donde instalarse temporalmente en Armenia, mientras que unos 32.200, según los últimos datos, han aceptado alojamientos ofrecidos por las autoridades.

Pashinián, que ha denunciado reiteradamente que Azerbaiyán lleva a cabo una “limpieza étnica”, predijo este jueves que en los próximos días “no quedará ningún armenio en Nagorno Karabaj”.
Azerbaiyán ha rechazado rotundamente las acusaciones de “limpieza étnica” rotundamente y sostiene que la salida de los karabajíes de Nagorno Karabaj “es una decisión personal e individual y no tiene nada que ver con una reubicación forzosa”.
El presidente azerí, Ilham Alíev, ha prometido que garantizará los derechos de los karabajíes que permanezcan en Nagorno Karabaj, pero su palabras no han servido para evitar que el territorio se vacíe de armenios.
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Este viernes la ONU anunció que enviará este fin de semana una misión a Nagorno Karabaj para evaluar la situación e identificar las necesidades humanitarias en esa región.
Según el organismo mundial, la misión está integrada por diez personas y cuenta con el apoyo del Gobierno de Azerbaiyán.
Expertos jurídicos afirmaron que el éxodo de Nagorno Karabaj constituye un crimen de guerra
Mientras decenas de miles de armenios huyen de sus hogares en Nagorno Karabaj, varios expertos internacionales afirman que el éxodo reúne las condiciones para constituir un crimen de guerra de “deportación o traslado forzoso”, o incluso un crimen contra la humanidad.

Nagorno Karabaj está reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero está poblada principalmente por cristianos armenios que crearon la autodenominada República de Artsaj hace tres décadas, tras un sangriento conflicto étnico al desmoronarse la Unión Soviética.
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El éxodo ha evocado el espectro de la guerra de 1988-94 entre los armenios y sus vecinos azeríes, parte de una historia de derramamiento de sangre y desplazamientos étnicos que se remonta a generaciones y que ha marcado la memoria popular de la región y ha generado un profundo temor y recelo mutuos.
Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente Aliyev, declaró a los periodistas en Bruselas el martes: “A veces en la prensa internacional (...) encontramos ciertas metáforas de que se está produciendo una limpieza étnica o de que Azerbaiyán está llevando a cabo un genocidio...”.
“No hubo ningún hecho verificado sobre el terreno de ningún tipo de violencia contra la población civil local”, agregó.

Independientemente de la historia y de la falta de informes independientes sobre lo ocurrido en el interior del territorio aislado, varios expertos jurídicos internacionales creen que la huida masiva se ajusta a la definición legal de crimen de guerra.
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Los documentos fundacionales de la Corte Penal Internacional (CPI) dicen que, al referirse al traslado forzoso o la deportación, “el término ‘por la fuerza’ no se limita a la fuerza física, sino que puede incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la coacción, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa persona o personas u otra persona, o mediante el aprovechamiento de un entorno coercitivo”.
Ese “entorno coercitivo” se creó en Nagorno Karabaj antes de la ofensiva por la obstrucción de suministros esenciales por parte de Azerbaiyán, dijeron la abogada internacional Priya Pillai y Melanie O’Brien, profesora visitante de la Universidad de Minnesota y presidenta de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio.
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(Con información de EFE, Reuters y AFP)
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