Francia vive este martes su décima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, quien busca una salida al cada vez más violento conflicto social, pero sin retirar su impopular ley.
La última convocatoria dejó el jueves pasado 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, en su mayoría en los disturbios que siguieron a las marchas con más de un millón de personas en toda Francia, según las autoridades.
En este contexto de creciente tensión, Macron y la primera ministra, Élisabeth Borne, aseguraron “tender la mano” a los sindicatos, punta de lanza de las protestas desde enero, pero sin ceder en su reclamo de retirar la protesta.
“Necesitamos un paso muy fuerte del gobierno en el tema de las pensiones, es decir que diga: ‘No se aplicarán los 64 años’”, dijo el lunes Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, refiriéndose al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Las centrales sindicales piden la retirada de esta reforma que retrasa la edad de jubilación para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.
Desde el 19 de enero, fecha de la primera manifestación, lograron movilizar a cientos de miles de personas (3,5 millones el 7 y el 23 de marzo, según el sindicato CGT) en grandes protestas pacíficas, pero sin éxito.
La decisión de Macron de adoptar finalmente su proyecto por decreto, al temer perder el voto en el Parlamento, y su negativa a dar marcha atrás radicalizó las protestas, que a partir del 16 de marzo se acompañaron de disturbios.
“El sentimiento de injusticia y de no ser escuchado alimenta la emoción”, advierte este martes un sondeo de la empresa demoscópica Odoxa, en el que Macron y Borne pierden apoyo popular, al 30% y el 28% respectivamente.
A la espera del dictamen del Consejo Constitucional sobre su validez, el gobierno busca pasar página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y buscar cómo garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.
Trece mil agentes
Los sindicatos ya habían advertido a mediados de marzo a Emmanuel Macron de la situación explosiva que se generaría si no escuchaba el malestar con la reforma, que rechazan cada dos de cada tres franceses, según los sondeos.
Su adopción definitiva el 20 de marzo implicó un aumento en intensidad de las protestas, cuya represión por parte de la policía hizo saltar las alarmas de las oenegés de derechos humanos, abogados, magistrados y hasta el Consejo de Europa.
Las imágenes de batalla campal volvieron a la primera plana el sábado durante las protestas contra un embalse agrícola destinado a la agroindustria en Sainte-Soline (centro-oeste), que dejaron dos manifestantes en coma.
En ambos casos, “hay un uso desproporcionado de la fuerza que ya habíamos denunciado durante [la protesta social en 2018 y 2019 de] los chalecos amarillos”, dijo a la AFP Jean-Claude Samouiller, de la oenegé Amnistía Internacional.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció un “dispositivo de seguridad inédito” de 13.000 agentes este martes en Francia y advirtió de la presencia en París de “más de 1.000 radicales, algunos desde el extranjero” o Sainte-Soline.
Las autoridades esperan “de 650.000 a 900.000″ manifestantes” y alertan que la presencia de los jóvenes en las marchas “se dupliquen o tripliquen”, según fuentes policiales.
“Queremos mostrar nuestro descontento y decir que, aunque seamos adolescentes (...), tenemos el derecho de decir que estamos en contra”, dijo el lunes Selma, mientras bloqueaba su centro de secundaria en Montreuil, al este de París.
Las protestas adquieren desde hace semanas múltiples formas: miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de París, bloqueos de depósitos y refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible, entre otros.
Este martes, el transporte público de París y el servicio de trenes nacional registraron de nuevo perturbaciones, y casi un tercio de los maestros de primera, según los sindicatos, hicieron huelga.
(Con información de AFP)
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