La dictadura de Bielorrusia condenó a 12 años de cárcel a dos periodistas de un sitio de noticias

Un tribunal del régimen de Bielorrusia condenó este viernes a 12 años de prisión a dos directivas del portal de noticias independiente Tut.by, que fue clausurado después de las históricas manifestaciones contra el dictador Alexander Lukashenko, informó una oenegé.

“La antigua redactora en jefe del portal, Marina Zolotova, y la ex directora general Lyudmila Chekina fueron sentenciadas a 12 años de prisión”, anunció la organización de defensa de los derechos humanos Viasna, tras un proceso a puertas cerradas.

Entretanto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó hoy un informe sobre la situación en Bielorrusia que acusa al régimen presidido desde hace casi 30 años por Alexander Lukashenko de “crímenes de lesa humanidad”.

Las violaciones de derechos humanos recogidas por el informe, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual a detenidos, “son parte de una campaña de violencia y represión dirigida intencionadamente contra opositores al Gobierno o personas que expresan opiniones críticas”, señala el texto presentado hoy.

En coincidencia con la publicación del informe, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió el fin de esta “represión sistemática” y la liberación de los condenados por motivaciones políticas, que según su oficina son al menos 1.462 a día de hoy.

El informe fue realizado con entrevistas a 207 víctimas y testigos, y sin la colaboración de las autoridades bielorrusas, que no permiten la entrada de investigadores de la oficina de Naciones Unidas, indicó la portavoz de esta institución Elizabeth Throssell en rueda de prensa.

También recoge numerosas violaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en un país donde “el espacio cívico está casi totalmente destruido”, aseguró el alto comisionado Türk en un comunicado.

En este sentido, el documento recuerda que las autoridades del país europeo han cerrado 797 ONG, mientras que casi todas las restantes (unas 400) interrumpieron su actividad por miedo a acciones judiciales contra ellas.

Lo mismo hicieron la mayoría de los medios independientes tras ser algunos de ellos acusados de “extremistas”, y también ha abandonado sus actividades la Asociación Bielorrusa de Periodistas, señala el informe.

El documento urge a los estados miembros de Naciones Unidas a considerar principios de jurisdicción universal para buscar la rendición de cuentas de los responsables de las múltiples violaciones de derechos humanos en Bielorrusia.

En ese país “continúa la terrible práctica de perseguir y castigar a individuos por llevar a cabo legítimos trabajos de defensa de los derechos humanos”, aseguró Türk recordando la reciente condena de la líder de la oposición en el exilio Svetlana Tijanóvskaya y del activista y premio Nobel de la Paz Alés Bialiatski.

El informe, elaborado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se centra en abusos perpetrados entre mayo de 2020 (año de protestas masivas por presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de agosto) y diciembre de 2022.

El documento subraya que la represión violenta de los manifestantes en 2020 “fue aprobada al más alto nivel por el Gobierno, que la coordinó e incitó abiertamente”, un uso desproporcionado de la fuerza que causó al menos cinco muertos, aunque “la cifra real podría ser mucho mayor”.

El informe documenta más de un centenar de casos de violencia sexual y de género contra detenidos, otra cifra que podría ser menor de la real, reconoce el texto, por miedo de las víctimas a sufrir estigma y represalias si presentan denuncias contra los abusos.

La Oficina de Naciones Unidas añade que el sistema judicial bielorruso ha sido sistemáticamente instrumentalizado “contra personalidades de la oposición, blogueros, periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sindicalistas y abogados”.

Eso facilita prácticas como los juicios en ausencia del acusado (caso de la mencionada líder de la oposición en el exilio), la requisa de propiedades de opositores o la retirada de la nacionalidad, mientras “se ha extendido el alcance de la aplicación de la pena de muerte”, advierte la Oficina de la ONU.

(Con información de AFP y EFE)

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