Una de las grandes polémicas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido la concesión de las obras públicas a manos de las Fuerzas Armadas (FFAA); hecho que - junto a otros más - intensifica la critica que tacha al gobierno como una administración militarizada.
Y es que, según Andrés Manuel, colocar a los militares como principales supervisores y “protectores” de los proyectos fungiría como un blindaje ante un posible escenario en el cual la oposición llegara a la silla presidencial en 2024.
Sin embargo, para la periodista, Denise Dresser, dicho decreto sería una estrategia para que el Gobierno Federal evada la Constitución y, al mismo tiempo, “empodere al aliado fáctico” (las FFAA) que López Obrador no ha dudado en respaldar, admirar y agradecer.
Pese a que el Jefe del Ejecutivo ha rechazado la etiqueta de “militarizado” como un adjetivo para su administración, el 12 de junio pasado insistió en la necesidad de “encargar” el Corredor Interoceánico del Istmo - otro de sus proyectos insignia - a la Secretaría de Marina (Semar)
Durante gira por Veracruz, el tabasqueño expresó su confianza para que la dependencia dirigida por Rafael Ojeda Durán proteja a estas obras del sur de “los zopilotes” ó simpatizantes de “la política neoliberal o neoporfirista”.
“No queremos privatizaciones (...) ¿Quién puede cuidar todo este patrimonio de los mexicanos? Los marinos de México”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa. Un discurso que, de igual modo, fue desmentido por la también columnista quien dejó ver una incoherencia en las intenciones del presidente al tachar a las FFAA como “zopilotes armados hasta los dientes”.
Estas nuevas designaciones se aúnan a las más de 30 tareas que el Gobierno Federal ha destinado a los militares, aparte de sus responsabilidades en materia de Seguridad Pública - lo cual infringiría en la promesa de campaña donde AMLO se comprometía a regresar a las FFAA a sus cuarteles.
Algunas de las más destacadas ha sido la construcción de cuatro aeropuertos, incluido el Internacional Felipe Ángeles (AIFA); tres tramos del Tren Maya; edificaciones de sucursales del Banco de Bienestar y bases de la Guardia Nacional (GN).
Cabe resaltar que, en un esfuerzo por justificar sus acciones, Andrés Manuel se ha remitido a la Ley Orgánica del Ejército, donde se establece que éste debe coadyuvar al regreso del país.
No obstante, sus argumentos no han frenado los exhortos de diversas organizaciones para cesar la militarización en el país, tal cual lo realizó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 23 de abril pasado.
El organismo resaltó que las reformas de leyes en materia de seguridad (implementadas desde 2006 a la fecha) han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad al no resultar eficientes para combatir el clima de violencia. Aunado a ello, se considera que, en el 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la GN entraron en las 10 autoridades con más señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.
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