La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), informó que se detuvo la demolición de las obras e instalaciones asociadas al proyecto denominado “Edificio de Oficinas Periférico 3042” o “Torre Asjufi”, localizado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, alcaldía Álvaro Obregón.
Lo anterior, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México notificó que se concedió la suspensión definitiva al promovente (Banca Mifel SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, División Fiduciaria, Fideicomiso número 1715 / 213).
Según las autoridades capitalinas, la decisión se basó en elementos que no fueron aportados por el promovente en el juicio, por lo que esta Secretaría ejecutará los recursos legales correspondientes para continuar con la demolición del inmueble.
En coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se realizaron las gestiones necesarias y se repusieron los sellos de clausura.
En un juicio de amparo diferente, también iniciado por el promovente con el mismo fin de detener la demolición, se dictó sentencia que niega la suspensión definitiva.
Y es que hay que recordar que el 4 de julio de 2019 la Sedema emitió un dictamen, a través del cual se determinó la demolición de dicho inmueble y la imposición de multas por un monto de 61,441,843.33 pesos.
El mes pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la demolición del edificio de oficinas, lo que tendría un valor de $30,000,000 pesos y sería costeado por la desarrolladora que lo edificó.
El edificio cuenta con 11 niveles bajo tierra y 18 niveles sobre la banqueta, cuya construcción alcanzó el 75% de avance antes de ser suspendida por ubicarse en suelo de conservación. Por debajo del asfalto, la obra comprende 26,141.39 metros cuadrados de construcción, y suma 26,881.58 metros cuadrados por encima del suelo.
El desarrollador del proyecto construyó sin autorización, invadió una zona federal e ignoró la negativa en materia ambiental que supone construir sobre un cuerpo de agua (la Presa Anzaldo), según informó el Gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, el inmueble fue edificado sin Dictamen de Impacto Urbano, sin Manifestación de Impacto Ambiental y sin que se demostrara el uso de suelo necesario. Además, el gobierno ubicó irregularidades en la manifestación de construcción.
A pesar de todas las faltas a la normatividad, fueron invertidos $402,051,855 pesos para la construcción del edificio.
“En la Ciudad, acabamos con la corrupción e impunidad inmobiliaria de administraciones anteriores”, afirmó hace un mes la mandataria capitalina a través de su cuenta de Twitter.
Se determinó que la demolición del inmueble duraría 60 días y en ella participarían 80 trabajadores de la Sedema, Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) y del Invea de la Ciudad de México.
De acuerdo con el gobierno capitalino, la demolición de las obras del proyecto “Edificio de Oficinas Periférico 3042” se realizan como parte del dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019.
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