Tras rebasar el umbral de los 100,000 fallecimientos a causa de la enfermedad COVID-19, las miradas se posaron sobre las autoridades responsables de la salud, entre quienes destacan el secretario federal Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López-Gatell, entre otros, quienes ahora podrían enfrentar diversas demandas.
La diputada Adriana Dávila Fernández y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, por actos supuestos de omisión en el manejo de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19.
En el comunicado publicado por las redes sociales, los políticos consideraron que el titular de la Secretaría de Salud actuó con “negligencia grave en el despacho de los asuntos inherentes a las atribuciones de la dependencia que encabeza, los que van en perjuicio del interés público, el derecho humano a la salud y a la información”.
Los legisladores apuntaron también que las políticas públicas que han sido establecidas por el Gobierno Federal han resultado posiblemente “insuficientes e ineficaces para enfrentar y disminuir las graves afectaciones que ha provocado la falta de control de los contagios por COVID-19″.
Además, consideraron que la falta de implementación estricta de distintas medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Federal, como lo fue la Jornada Nacional de la Sana Distancia, supuestamente contribuyó al aumento de los contagios en el país.
Los legisladores, a través de su comunicado oficial, señalaron que la ineficacia de las acciones implementadas por el gobierno federal y las autoridades de salud “dio como resultado el aumento de personas contagiadas, el cual hasta el 21 de noviembre suman un millón 32 mil 688 casos, así como el incremento en el número de personas fallecidas que hasta la misma fecha se contabilizan en 101, 373 muertes”.
“Dichos datos contrastan exponencialmente con los dichos del subsecretario Hugo López-Gatell, cuando señaló el 4 de junio que el peor escenario que se esperaba para México sería llegar a las 60 mil muertes, cifra que se alcanzó el pasado 22 de agosto. Lo anterior es muestra de que una debida implementación de acciones para evitar los contagios habría propiciado proporcionalmente su disminución, más no su aumento hasta la fecha, en 41 mil muertes más”, aseguraron los panistas.
Dávila Fernández y Ramírez Barba consideraron, además, que “es evidente que los actos y omisiones imputados al secretario de Salud significaron perjuicios de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”. Entre los ejemplos que entregaron destacan la pérdida de miles de vidas, “cuyo deceso era evitable”, de acuerdo con los panistas, así como el contagio de cientos de miles de mexicanos, los gastos para el tratamiento de la enfermedad, el padecimiento familiar y el cierre definitivo de “decenas de miles de empresas”.
Adriana Dávila, a través de un video publicado en redes sociales, aseguró que las muertes por coronavirus que han tenido lugar en México no quedarán impunes.
“Desde la secretaría general de la Cámara de Diputados estamos presentando nuestra solicitud de juicio político contra Jorge Alcocer, porque lo que está pasando en este país con la pandemia y los más de 100,000 muertos no puede quedar impune”, dijo.
Por su parte, Éctor Jaime Ramírez publicó en sus redes sociales oficiales que “la indolencia y negligencia del gobierno federal no deben ser toleradas. Los servidores públicos que no cumplen su función deben dejar el puesto, sobre todo, cuando es la vida de millones lo que está en riesgo”.
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