
Tras la polémica desatada sobre la propuesta emitida por el presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, que estipula que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tenga acceso a la información bancaria y fiscal de la población, pueda verificar el patrimonio inmobiliario y financiero, el titular decidió justificar la creación de la misma.
Aseguró que es la única manera de conocer los niveles de desigualdad de país por medio de un órgano constitucional autónomo para evitar que la información esté determinada por ideologías o vaivenes políticos.
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Morena señaló que consideraba apto a esta institución para crear una metodología adecuada que permita conocer datos en este rubro.
Ramírez Cuéllar también compartió un audio en el que aseguró que muchos de los problemas que ha develado la crisis sanitaria por coronavirus están íntimamente relacionados con las desigualdades que hay en el país.
El motivo por el que propone implementar esta iniciativa porque “después de la crisis hay grandes ganadores y muchísimos perdedores”, una situación que muchos aprovechan para crear verdaderos monopolios u oligopolios que afectan finalmente a los consumidores.

Aseguró que de la Comisión Federal de Competencia reveló que los bienes y servicios indispensables tienen un sobreprecio que terminan por afectar principalmente a la clase media y a los pobres.
Señaló que en México hay 16 multimillonarios que poseen el 24% de la riqueza, por lo que es necesario tener estudios más precisos en este ámbito para poder establecer límites sobre la forma en la que se manejan.
La propuesta es que cada dos años el Inegi proporcione información relacionada con los activos de los habitantes, pero también está orientado en conocer la concentración de poder de algunas empresas. De esta manera podría hacerse una medición similar a la que se realiza para la pobreza.
En el comunicado de prensa, el titular de Morena señaló que hay miles de millones de dólares que forman parte de una “riqueza totalmente inobservada”.
Para poder realizar estas funciones, el partido considera necesario que el Inegi tenga acceso a la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior implicaría modificaciones al sistema jurídico, para que el Inegi pueda tener la facultad para poder conocer los activos de los ciudadanos. Cabe señalar que en enero el SAT ordenó a los banco a entregar los datos de contacto de sus cuentahabientes, lo cual incluye el nombre del cliente y el domicilio fiscal.
Los cinco puntos de la propuesta son:
1. El “Estado de Bienestar”, como concepto y propósito, debe quedar plasmado en la constitución y se integraría a los programas “que aseguren derechos” para todos los ciudadanos.
2. medir la riqueza a través del Inegi al accesar a los datos de patrimonio inmobiliario y financiero.
3. La “progresividad fiscal” tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud.
4. Los mexicanos contribuirán a los gastos del estado y al financiamiento del estado del Bienestar.
5. la posibilidad para que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) tenga una mayor fortaleza para vigilar la concentración y el poder que tienen las empresas.
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