Rosario Robles se convirtió en la primera integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto en declarar ante un juez por corrupción, mientras el cerco judicial se estrecha sobre el entorno del ex presidente mexicano.
A la ex secretaria de Desarrollo Social de México se le vincula con el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra, a través del cual diferentes dependencias del gobierno de Peña Nieto -quien fue jefe del ejecutivo en el periodo 2012-2018- habrían desviado 7.670 millones de pesos (USD 403 millones).
La Fiscalía General de la República acusa a Robles Berlanga de haber permitido como secretaria de Desarrollo Social -cargo que ocupó entre 2012 y 2015- el desvío de más de 5.000 millones de pesos (USD 257 millones) a través de la contratación de empresas fantasma.
Si el juez lo decide, Robles podría enfrentarse a un delito de ejercicio indebido de cargo público, penado con entre tres y siete años de cárcel, explicó a la agencia española Efe Gerardo Carrasco, director de litigios de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta ONG, que destapó junto al diario digital Animal Político el caso de La Estafa Maestra, presentó una demanda contra la Secretaría de Desarrollo y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por haber subcontratado programas sociales a empresas fantasma.
"El juez decidirá si la vincula a un proceso penal o no, y en caso de que se la vincule se dictará una medida cautelar, como una fianza, el retiro del pasaporte o la prohibición a salir de la ciudad", expresó Carrasco.
Aunque no lo descartó, señaló que es poco probable que el juez dicte prisión preventiva porque no existen indicios de que Robles vaya a escapar, como sí han hecho otros ex funcionarios que han sido vinculados con la corrupción.
Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el mandato de Peña Nieto, está en un paradero desconocido luego de que la Fiscalía lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.
Lozoya se fugó luego de que la Fiscalía General, que es orgánicamente independiente del gobierno desde diciembre pasado, comenzara a investigar por corrupción al entorno de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esto ha afectado a personas como Juan Collado, el abogado personal que oficializó el reciente divorcio de Peña Nieto y que fue detenido el 9 de julio por presunto lavado de dinero.
También a León Trawitz, encargado de seguridad de Peña Nieto y posteriormente de Pemex, quien está investigado por presunto robo de combustibles de la petrolera estatal.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del partido izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se ha desmarcado de estas investigaciones y las ha atribuido a la autonomía de la Fiscalía.
Cuando asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, López Obrador prometió erradicar la corrupción de la administración pública, pero descartó investigar y enjuiciar a sus antecesores, con quienes quiso poner un "punto final".
"Yo veo muy difícil que la Fiscalía ejerza este tipo de acciones de manera autónoma. Sería muy difícil que esto sucediera sin la participación del gobierno porque requieren de mucha información del Gobierno", contó el politólogo Khemvirg Puente.
La mayoría de investigaciones por corrupción de la Fiscalía derivan de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de López Obrador.
Por ello, Puente apuntó que estas pesquisas "tienen el visto bueno del presidente y probablemente le sirvan para demostrar avances en su lucha contra la corrupción".
Según Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), López Obrador usa un discurso para "evitar ganar enemigos" entre los aliados del anterior gobierno, mientras asesta "golpes mediáticos" con estas investigaciones.
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