Un hombre fue condenado a tres años de cárcel y una indemnización de USD 670 mil por traficar tortugas galápagos bebé

Paúl Tapia, de 38 años, fue sentenciado por la justicia penal de la provincia del Guayas, en Ecuador, por delitos en contra de vida silvestre. Tras una investigación que inicio en 2019, con las revelaciones que haría el diario El Universo, se conocería del funcionamiento de una red de tráfico de especies en peligro de extinción que habría operado entre 2017 y 2018 y que habría conseguido transportar aproximadamente 150 crías de tortuga desde las Islas Galápagos hasta Perú y China, escondidas en fondeaderos de barcos comerciales, que habrían partido de Guayaquil.

En 2017, 29 tortugas fueron rescatadas de ser enviadas a Europa para su venta. El hecho ocurrió en el norte de Perú. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú comunicó que las tortugas galapaguinas fueron encontradas envueltas en cinta adhesiva en el compartimiento de carga de un autobús que circulaba por las carreteras Piura y Sullana. Por esta infracción cuatro individuos fueron citados a comparecer ante el tribunal en 2020 tras ser considerados como posibles autores de un delito ambiental.

Durante el juicio, que concluyó con la sentencia condenatoria el 23 de enero pasado, se determinó que Tapia estuvo a cargo de un criadero en la Isla Isabela del Archipiélago de las Galápagos, y que en septiembre de 2018 encontró un faltante de 123 tortugas desaparecidas que un día después del hallazgo notificó a las autoridades. Desde entonces, el guardaparques identificó a al menos dos personas más que habrían participado en el delito.

Durante la investigación judicial se comprobó que Tapia entregó a estas dos personas las tortugas que estaban a su cargo para que estos dos las llevaran a Guayaquil por vía marítima. Las dos personas involucradas en el transporte, además, tenía contacto con una persona en China para realizar el envío desde Perú.

Según fuentes del Parque Nacional Galápagos, las especies se trafican en lanchas o en embarcaciones comerciales en donde se almacenan en sacos que son apilados en la proa, en el lugar donde se guarda el ancla. Se presumen que con esta modalidad se han comercializado ilegalmente al menos 150 tortugas de Galápagos de dos tipos: chelonoidis guntheri y chelonoidis vicina, ambas clasificadas como en “peligro crítico de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El primero de estos casos se conoció en abril de 2017, cuando aparecieron 29 tortugas muy lejos de su hábitat, en suelo continental, camino a Piura en Perú, envueltas en cinta adhesiva. Tres de estas especies murieron antes de ser repatriadas a la Isla de Baltra en el Archipiélago de las Galápagos.

Otras fuentes confirman que Piura es una puerta de entrada al comercio de tortugas y agregan que en Lima se encuentra toda una red de comercialización que paga USD 300 por ejemplar. En el mercado internacional, cada tortuga cuesta USD 50.000 o más.

En la declaración presentada ante la fiscalía, figura el nombre de un hombre chino y su intermediario, un pescador galapaguino de Isla de San Cristóbal que reclutaba a otros pescadores para capturar tortugas. Luego de transportarlas a Guayaquil por mar son llevadas por carretera de Guayaquil a Lima. Al final de la ruta, las especies son embarcadas en el puerto del Callao en la conurbación limeña y con rumbo a China.

Por falta de pruebas, la Fiscalía no acusó a otras dos personas investigadas que, además, habrían obrado coludidas con otras que han sido mencionadas en el proceso. La Fiscalía argumentó su dictamen en la falta de pruebas para la incriminación.

Al final, el tribunal absolvió a todos los integrantes de la red que trabajó con Tapia aunque a este lo condenó a tres años de prisión que deberá cumplir en Guayaquil. Además, Tapia fue condenado a pagar una multa equivalente a diez veces el salario básico de Ecuador, lo que suman USD 4.500, y a pagar una indemnización fijada en USD 669.000,35.

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