Cancillería de Perú manifestó su malestar por los pronunciamientos de Gustavo Petro: “Se apartan de la prudencia”

Los comentarios del presidente colombiano han generado “profundo malestar” en el nuevo gobierno del Perú, expresó oficialmente la Cancillería del vecino país

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Reunión de Gustavo Petro con Pedro Castillo en Lima, Perú, en agosto de 2022
Reunión de Gustavo Petro con Pedro Castillo en Lima, Perú, en agosto de 2022

La posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación política del Perú no ha caído bien en el gobierno de la juramentada Dina Boluarte, tras la salida del poder de Pedro Castillo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país le enviaron una nota al mandatario para expresar “profundo malestar” a raíz de sus pronunciamientos.

Según comunicó la Cancillería peruana, se remitió una nota diplomática a la Embajada de la República de Colombia “mediante la cual se transmite el profundo malestar del Gobierno del Perú ante las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política en el país”.

El mandatario colombiano ha abogado por Castillo a quien ha calificado como víctima, ha intercedido por él ante la CIDH y la OEA al invocar la Carta Democrática y medidas cautelares; condenó la muerte de manifestantes en medio de las protestas desatadas y pidió que “dejen de matar”.

“Las afirmaciones del presidente Petro constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El gobierno peruano considera que esa actitud diplomática no es consistente “con las tradicionales relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a ambos estados y pueblos; y se apartan de la prudencia que los sucesivos gobiernos del Perú y Colombia hemos cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro Estado, especialmente en situaciones complejas y delicadas”.

El pasado 16 de diciembre tras la salida de la Cumbre de Cocaleros, Petro sostuvo que “los sucesos en el Perú han dañado la integración” latinoamericana para dirigir propósitos comunes como un nuevo enfoque de la lucha contra las drogas. Además, sostuvo que no hay conversaciones con el gobierno de Boluarte.

“Cuando el parlamento peruano impedía que el presidente del Perú, elegido popularmente, Pedro Castillo, fuese a las reuniones de presidentes latinoamericanos, lo que estaba era impidiendo la articulación, la integración económica de América Latina, del área andina”, señaló.

Señaló que no puede pronosticar el desenlace de la actual situación que vive el país. “Yo aspiro a que dejen de matar, van cerca de 20 muertos. Se impone un diálogo político. No puedo definir las variables de ese diálogo. Lo cierto es que hoy hay una crisis y esa crisis sí está alterando el cronograma del proceso de integración que teníamos y hay un presidente elegido popularmente preso preventivamente lo cual me parece un exabrupto”, dijo Petro.

Además, dijo que espera que se respeten los derechos humanos de todos y todas, incluso del presidente Castillo a quien se refiere como “elegido popularmente” de manera reiterada. Mientras que no ha confirmado si reconoce a Boluarte, que llama “gobierno sustituto” para retomar las relaciones entre ambas naciones.

Esos comentarios han sido rechazados por múltiples sectores políticos del Perú. la congresista de la bancada de Acción Popular, María del Carmen Alva, calificó de “sesgadas y ofensivas” las declaraciones de Petro en una reciente entrevista. “Rechazo las declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú del presidente [Gustavo] Petro. No se trata solo de desconocimiento de la realidad, sino de una ideologizada defensa política de [Pedro] Castillo, quien fue detenido en flagrancia por dar un golpe de Estado y cometer graves actos de corrupción”, dijo la parlamentaria.

Castillo fue destituido el 7 de diciembre cuando se votó mayoritariamente una moción de vacancia en su contra en el Congreso, por haber ordenado la disolución de ese poder que fue considerado un autogolpe de Estado. Fue capturado poco después y tendrá 18 meses de prisión preventiva, acusado de presunta rebelión.

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