Sellaron tienda Jon Sonen en Cartagena tras escándalo por mujer que reclamaba su liquidación

La reclamación de Wendy Norelys Alvarez por la liquidación después de haber sido despedida de la empresa de ropa Jon Sonen se hizo viral porque fue sacada a la fuerza por las autoridades cuando llevaba a su hija de brazos. La situación llegó hasta el Gobierno nacional que agilizó la vigilancia y llevó a que funcionarios del Ministerio del Trabajo sellaran preventivamente el almacén.

El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de Twitter el video de la mujer que reclamaba sus prestaciones sociales directamente en la tienda en la que laboró. “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”, pidió el mandatario.

El viceministro del trabajo le respondió rápidamente. “Como @MintrabajoCol acudimos al sitio. Citamos a las partes. En efecto hay una presunta deuda laboral. De paso hicimos una inspección y encontramos dos trabajadores, uno de ellos aparentemente sin seguridad social. Se selló preventivamente el lugar”, afirmó Edwin Palma.

La visita respondió a la petición de la ministra Gloria Inés Ramírez solicitó una investigación y el cierre preventivo del almacén comercial. “Los inspectores de la Dirección Territorial Bolívar, encontraron que a sus empleados no les pagaban la seguridad social, claramente es una violación a los derechos laborales por lo cual fue sellado temporalmente este almacén” aseguró la jefa de la cartera laboral.

La ministra envió una advertencia que desde la cartera no habrá tolerancia para la vulneración de los derechos de los trabajadores. “Desde el Ministerio del Trabajo, velamos por el cumplimiento de la normatividad laboral que garantice, trabajo digno y decente y por esta razón no permitiremos violaciones laborales”.

El auto de la decisión de la territorial del Ministerio del Trabajo en Bolívar determinó durante la visita que los trabajadores no contaban con afiliación a riesgos laborales. En la página administradora no se encontraban los pagos por al menos dos de los empleados que se encontraron en la tienda.

Por esa razón ordenaron el cierre preventivo que durará por 48 horas o hasta que se realicen los pagos correspondientes a la afiliación de los empleados. La tienda se encuentra ubicada en el centro comercial La Serrezuela de la ciudad amurallada, donde se dio la denuncia de la exempleada.

El cierre de la tienda motivó también un pronunciamiento por parte de la marca Sonen Internacional S.A.S. a través de sus redes sociales. Según su versión, Wendy Álvarez, la denunciante, laboró en la tienda como asesora comercial hasta el 20 de octubre de 2020 cuando “su contrato laboral terminó”.

Ella habría presentado una demanda que se encuentra en curso de acuerdo con la tienda. El representante legal, Jon Sonen, aseguró en un video que realizaron el pago de la liquidación por 3′002.500 pesos, pero debido a la reclamación la demandante no habría podido acceder al dinero.

“Que una tienda o centro comercial no es recinto público para presentar reclamación laboral. Para ello existe las sedes del Ministerio del Trabajo, que protege sus derechos como trabajador”, señalaron por medio del comunicado, dos días después del incidente que se presentó en su almacén. Sonen asegura que en los 24 años que lleva la empresa, ha tenido más de 1.200 personas trabajando en su empresa.

Sin embargo, Álvarez asegura que las vulneraciones de sus derechos como empleada empezaron mucho antes. Según su reclamo, presentó una tutela porque no le pagaban seguridad social, como seguiría siendo una práctica común, y ella estaba en embarazo.

Tras regresar de la licencia, le ordenaron el traslado a otra tienda en Yopal, a lo que no pudo acceder por sus hijos recién nacido y otro de 5 años. A raíz de esa situación se habría producido su despido, que asegura fue sin justa causa. La mujer denunció esa situación y asegura que pese a fallos a su favor y más de dos años desde el despido, no le han querido pagar lo que le corresponde.

Álvarez se habría convertido el rostro de una lucha de miles de trabajadores. El viceministro Palma aseguró que a raíz del episodio, se incrementaron las denuncias por retención ilegal de liquidación de salarios tras despidos, por lo que alertó que esa situación genera intereses y la deuda crece hasta la fecha en la que se efectúe el pago.

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