Crimen del periodista Rafael Moreno: FLIP recopiló los momentos en que la Unidad de Nacional de Protección le falló al comunicador

Con el pasar de los días se conocen más detalles de las circunstancias en que ocurrió el homicidio del periodista y líder social Rafael Emiro Moreno, quien fue asesinado por sicarios el pasado sábado 16 de octubre en Montelíbano (Córdoba), y que de acuerdo con lo que recopilaron en la Flip, hubo negligencia por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En un nuevo comunicado que publicó esa entidad que defiende la labor de los periodistas en Colombia, señalaron que el organismo que le brinda seguridad a personas que están en riesgo en el país subestimó las amenazas que sufrió Moreno, y que incluso lo llegaron a dejar sin escolta por tres meses.

“Recibió amenazas de muerte desde el año 2019. Durante los siguientes tres años los ataques contra Moreno continuaron, por lo que acudió a la UNP (...) Sin embargo, durante ese tiempo, (...) se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo que él manifestaba y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba”, explicaron.

Esta señalada inoperancia también se extendió a la Fiscalía, la Policía y el Consejo de Seguridad del municipio de Puerto Libertador donde tenían conocimiento de las intimidaciones al comunicador, sin llevar a cabo acciones para proteger su vida.

En la FLIP indicaron que hubo cuatro momentos con los que se evidenció como la UNP no atendió los llamados de Moreno para que le brindaran más seguridad ante las amenazas.

El primero de ellos fue cuando accedieron a brindarle un esquema de protección, luego de que denunciara que estaba siendo víctima de amenazas que se le atribuían a grupos armados al margen de la ley. A partir de ese momento contaba con un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas y un botón de apoyo.

No obstante, en septiembre de 2020 le redujeron el esquema de seguridad a la mitad, le retiraron el automotor y a uno de los escoltas.

“Esto sucedió a pesar de que Moreno fue víctima de otras dos amenazas en mayo del 2020. Si los ataques que recibió el periodista eran similares a los que enfrentó en 2019, entonces no se entiende por qué la UNP consideró que el riesgo del periodista había disminuido y por lo tanto requería menos protección”, cuestionaron.

En ese segundo momento, que reseñaron en la FLIP, se justificó la reducción de la seguridad para Moreno porque él no había identificado de donde provenían las amenazas, lo que consideró la ONG que era revictimizante ya que al periodista le pidieron que investigara propio caso y le revirtieron la carga de la prueba que debería tener el Estado.

“El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) argumentó que el periodista “no identifica o individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar la capacidad de materialización de las amenazas”. Esto desconoce, por un lado, que la mayoría de amenazas contra la prensa en Colombia son realizadas por desconocidos”, recopilaron en la ONG.

Además, en el Cerrem aseguraron que no había una supuesta trazabilidad de las denuncias del periodista, lo cual era falso, de acuerdo con lo que hallaron en la FLIP, ya que Moreno lo había hecho ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la alcaldía de Puerto Libertador.

“La desarticulación entre las entidades estatales llevó a que en el caso de Moreno no se tomaran las acciones correspondientes para resguardar su vida”, indicaron.

La consecuencia fue que le levantaron por tres meses al escolta que le habían asignado y solo se quedó con el botón de pánico y el chaleco antibalas.

“La entidad nunca notificó debidamente al periodista sobre esta decisión, por lo que no se conocieron las razones que justificaron el desmonte parcial del esquema de protección”, añadieron.

Tras esa grave situación de riesgo en que se encontró el comunicador, en julio de este año le volvieron a restablecer el escolta, pese a que en 2021 el comunicador había recibido dos amenazas.

“En ese mes la FLIP puso en conocimiento del Cerrem y la UNP las dos nuevas amenazas de las que fue víctima el periodista en mayo y junio del 2022. El objetivo, nuevamente, era que se le reforzara su esquema de protección. En ese momento, la UNP valoró las agresiones como si se trataran de un caso nuevo, cuando el periodista llevaba ya tres años en el sistema de protección”, finalizaron.

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