En los últimos días, la Corporación Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda (COFB) reveló un informe llamado: “Tras las huellas de la desaparición forzada” que evidencia una caracterización sobre los mecanismos que usaron diferentes actores armados para cometer este crimen de lesa humanidad en el Meta, el segundo departamento más afectado por este flagelo en Colombia.
El informe inicia con una pregunta: ¿Qué es la desaparición forzada?
“Es la aprehensión, la detención o el secuestro de personas; por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”, se advierte en el documento.
En la presentación, César Santoyo Santos director ejecutivo del COFB dijo que entre 2000 y 2005 se observó un incremento de las desapariciones forzadas en esta región.
Según la información recabada: el 52 % de las víctimas fueron mestizas, un 1.05 % indígenas, el 0.48 % afrodescendientes y existe un 47 % que no registra datos.
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De acuerdo con el documento presentado, las desapariciones forzadas ocurridas en el Meta reflejan patrones macro criminales que “permiten establecer los modus operandi utilizados para la comisión de los crímenes y evidenciando que se trataba de una práctica criminal sistemática”.
Entre ellos se pueden destacar la estigmatización y selección de las víctimas, el uso de informantes, amenazas previas, privación de la libertad, traslado de víctimas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos, homicidios en persona protegida, ocultamiento de los cuerpos de las víctimas y prácticas tendientes a impedir las investigaciones de responsables.
Santoyo Santos expresó en la Agencia de Prensa Rural que durante la investigación se rastrearon 50 personas desaparecidas en los municipios de: Acacías, El Castillo, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Puerto Concordia, Puerto López, San Juan de Arama, San Martín y La Uribe.
“Las magnitudes de las víctimas en los 10 municipios seleccionados en este diagnóstico representan a 1 de cada 3 personas desaparecidas en el departamento”, aseguró.
“Se destaca que la mayor cantidad de víctimas en grupos poblacionales corresponde a indígenas en Puerto Concordia, San Martín y Uribe, mientras la población afrodescendiente está mayormente representada como víctima en Puerto López, Puerto Concordia y Granada, lo cual es preocupante que estas comunidades sigan siendo señaladas y perseguidas”, indicó.
Otra pregunta que intentó despejar el COFB fue sobre los presuntos responsables de las desapariciones forzadas en el Meta.
El Centro Nacional de Memoria Histórica clasificó como responsables de estos hechos a agentes del Estado, agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares, bandolerismos, grupos posdesmovilización, guerrillas y grupos armados no identificados.
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Finalmente, el documento resalta unas recomendaciones en nombre de las víctimas.
“Se reitera la necesidad de que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abra un caso de desaparición forzada. Y que las instituciones del Estado, como la UBPD, el GRUBE y el Instituto de Medicina Legal, encargadas de la búsqueda, identificación y entrega digna de personas se articulen para determinar el paradero de los desaparecidos, garantizando los derechos de sus familiares de acceso a la justicia”.
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