Nuevo informe ante la JEP sobre desaparición forzada: víctimas piden apertura de un macrocaso

Según el texto radicado, desde 1958 a 2016 en tres departamentos de Colombia se reportaron 8.288 víctimas de desaparición forzada

Foto: Colprensa/Cortesía Unidad de Víctimas.
Foto: Colprensa/Cortesía Unidad de Víctimas.

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, junto a las víctimas del conflicto armado interno en los Llanos Orientales, presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el Informe “Resistencia al olvido y a la impunidad”. 250 páginas que evidencian las prácticas criminales de desaparición forzada ocurridas en Meta, Guaviare, Casanare desde 1958 hasta 2016.

Este informe contempla una solicitud expresa de apertura del macrocaso de desaparición forzada en los Llanos Orientales, por presunta responsabilidad de agentes de Estado y grupos paramilitares en estos territorios, explicó Carolina Hoyos, vocera del COFB.

“Buscamos contribuir al esclarecimiento de este crimen tan doloroso para el país como es la desaparición forzada con este estudio y análisis de contexto de tres departamentos”, enfatizó Hoyos. Así mismo, solicitó además de abrir este macrocaso, que se articulen como Estado en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y garanticen la participación de las víctimas y se convoque a contribuir en la búsqueda a las juntas de acción comunal, a las comunidades, periodistas, entre otras.

El documento fue realizado por un equipo interdisciplinar del Colectivo OFB y la Corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria-COSPACC, presentan y analizan 130 casos que agrupan a 145 víctimas de desaparición forzada entre 1958 y 2016, registrando que la década con mayores índices de desapariciones forzadas corresponde al período entre los años 2000 y 2009 con 92 casos y 101 víctimas que representan el 70% de la victimización total.

El informe concluye que estas desapariciones forzadas fueron perpetradas presuntamente por unidades adscritas a la Cuarta División como la Séptima Brigada, la Brigada Móvil 12, el Batallón 21 “Pantano de Vargas”, el Batallón de infantería No. 24 “Luis Camacho Leiva” y el Batallón Contraguerrilla No. 85, además de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (FUTCO) como la FUDRA, la FUCAD y las Unidades Móviles No. 7 y 1 en connivencia con grupos paramilitares como el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo
Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

“Junto a las víctimas solicitamos a la JEP que abra este macro caso y a la Unidad de Búsqueda que se articule con la Fiscalía, pues es urgente que las víctimas reciban una respuesta integral, no pueden seguir viviendo en la impunidad y dolor que dejó el horror de la guerra en Colombia, es una obligación del Estado encontrar a sus seres queridos, conocer la verdad y sancionar a los responsables”, señaló Carolina Hoyos.

Lo ocurrido en esta zona del país no corresponde a hechos de criminalidad aislados. Por el contrario, los hechos acaecidos en la región de Meta: Ariari Guayabero, Guaviare y Casanare hacen parte de una política estatal de macro criminalidad que tenía como objeto la consolidación territorial a través del despliegue militar de las Fuerzas Armadas. La ejecución de esta política de seguridad democrática trajo consigo miles de muertos y desaparecidos en el país.

A la fecha, de las 145 víctimas relacionadas en el presente informe tan solo tres han sido entregadas dignamente a sus familiares, lo que corresponde a un 98 % de casos que continúan en proceso de búsqueda sin mayores avances. En ese mismo sentido, sólo un caso ha tenido justicia con la determinación de responsables, pero con sentencia anticipada y sin conocer a fondo la verdad de lo acaecido. Por eso, el informe hace un llamado a la JEP a que contribuya a reducir el manto de impunidad que han dejado estos casos.

“Hemos recopilado testimonios que nos han arrojado una variable de análisis y un número importante de patrones de macrocriminalidad que evidencian la sistematicidad y la práctica generalizada. Se requiere de procesos de investigación rigurosos que conlleven a buscar, encontrar, entregar y reparar dignamente a las familias de las víctimas desaparecidas de manera forzada, quienes han tenido que vivir con la zozobra de no saber si sus seres queridos se encuentran con vida o no”. indicó Hoyos.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Meta es el segundo departamento después de Antioquia, con 5.280 víctimas de desaparición forzada, mientras que Guaviare registra 1.793 y Casanare 1.215, es decir, que los tres departamentos reúnen el terrible conglomerado de 8.288 personas que sufrieron este crimen de lesa humanidad.

Aquí puede ver un resumen del informe:

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