Procuraduría pide aumentar el presupuesto para garantizar los derechos de los menores de edad

El Ministerio Público pidió evaluar los presupuestos y el gasto social destinado a nutrición, salud, educación, participación, vestuario, protección y recreación de niños y niñas

Después de cierres por pandemia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reabrió su presencialidad en 350 unidades. Foto: ICBF
Después de cierres por pandemia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reabrió su presencialidad en 350 unidades. Foto: ICBF

En medio de la presentación del Trazador Presupuestal de la Niñez, una herramienta creada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para mejorar los programas adelantados en el país en pro de la niñez, la Procuraduría General de la Nación intervino para señalar que esta población debe ser priorizada por el Estado. La entidad pidió que se aumenten los presupuestos de las estrategias que garantizan los derechos básicos de los menores de edad colombianos y se monitoree que los recursos se ejecuten correctamente.

“Los recursos para la infancia y la adolescencia deben ser prioridad para el Estado. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para avanzar en una mayor efectividad en la designación de presupuestos destinados a garantizar los derechos de esta población”, dijo Antonio Emiro Thomas Arias, viceprocurador General de la Nación.

El órgano de control aseguró que el país ha avanzado en la formulación, actualización y aplicación de las políticas públicas en esta materia, sin embargo, pidió “profundizar, incidir y lograr mayor visibilidad en el gasto público”.

En concreto, la Procuraduría pidió evaluar los presupuestos y el gasto social destinado a nutrición, salud, educación, participación, vestuario, protección y recreación de niños y niñas. Además, recomendó al DNP que una vez ponga en marcha el trazador presupuestal, se implementen mecanismos de evaluación constante que permitan conocer los presupuestos que impactan en la garantía de los derechos de esta población de especial protección constitucional.

Para finalizar, la Procuraduría explicó que esta petición está argumentada en que la primera infancia es un momento clave para el desarrollo integral de las personas, por lo que se debe garantizar una atención integral durante esta etapa. Según la entidad, en este momento se puede detener la pobreza y las brechas de oportunidades.

“Invertir en los primeros años de vida es una de las acciones más eficaces y eficientes que pueden hacer los países para detener la transmisión intergeneracional de la pobreza, para disminuir las brechas de equidad y para promover el desarrollo del capital humano. Como país, todos estamos obligados a reflexionar y actuar de la manera más eficiente frente a las brechas existentes y los desafíos actuales y futuros frente a los derechos de nuestra población infantil”, explicó el viceprocurador.

¿Qué es el Trazador Presupuestal de la Niñez?

Esta es una herramienta multisectorial creada en conjunto de las diferentes entidades del Gobierno nacional que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para contribuir a la asistencia técnica local que se promueve desde el plan de acción 2021 de la estrategia Hechos y Derechos. En este plan participan, además de la Procuraduría y el DNP, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); la Federación Nacional de Departamentos (FND); las consejerías Presidencial para la Juventud y para la Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda).

Desde el DNP, bajo la coordinación de la Mesa Nacional de Gasto Público en Niñez, aseguraron que el Trazador Presupuestal de la Niñez tiene cinco pilares:

1. Contar con información oportuna para la toma de decisiones en temas de planeamiento y presupuesto relacionados con la niñez

2. Mejorar la asignación presupuestal y la calidad del gasto público a favor de la niñez

3. Visibilizar las necesidades de la niñez en el presupuesto, e incorporar el enfoque de derechos en las discusiones y en la definición y seguimiento de las políticas públicas

4. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para la exigencia de los derechos de la niñez.

5. Contribuir en el cumplimiento de los principios de financiación, gestión y eficiencia del gasto público dirigido a los niños, niñas y adolescentes.

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