El pasado 4 de julio, mediante la circular 17 de 2021, el Gobierno nacional ordenó a los maestros reponer presencialmente las clases que dejaron de dictar por el paro nacional, y, desde ese día, el tema sigue despertando opiniones encontradas.
Pese a la exigencia del Ministerio de Educación de reponer las clases a partir del próximo 15 de julio, cuando la mayoría de los docentes y del personal administrativo estén vacunados contra el covid-19, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) aseguró que aún no existen las garantías para el regreso físico a las aulas.
“Hemos manifestado que queremos volver a la escuela en la presencialidad, pero hay que determinar los elementos que hacen parte de ese espacio oportuno en la garantía plena del derecho a la vida”, sostuvo tras el anuncio del MinEducación, William Velandia, presidente de la agremiación.
Velandia agregó que los maestros ya están listos para regresar a las aulas y reponer las clases, pero también planteó una cuestión que dejaría entrever que no sería tan pronto. “La pregunta es si están las instituciones académicas listas. Hay que determinar si los indicadores epidemiológicos lo permiten y que los esquemas de vacunación estén completos”.
Pues bien, en el debate sobre la idoneidad del regreso a las clases presenciales también habló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, este 8 de julio. Según él, impedir que los niños, niñas y adolescentes retornen a sus actividades escolares de manera presencial es una violación a su derecho a la educación. Además, reiteró que la crisis social y sanitaria a causa de la pandemia ha impactado de manera negativa a los niños, niñas y adolescentes.
“La priorización de la vacunación de los maestros y maestras en la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación responde a la necesidad imperiosa de retornar a la presencialidad con el fin de mitigar el impacto educativo, psicológico y social que impone el hecho de llevar más de 14 meses con esquemas remotos de educación virtual y no presencial en un país donde el 55.18 % de los estudiantes no cuentan con internet ni con computador en casa”, afirmó Carlos Camargo.
Las cifras que compartió la Defensoría del Pueblo, citando al MinEducación, evidencian que de 9′715.438 estudiantes matriculados en 2021, solo el 16 % ha iniciado el proceso de alternancia, “lo cual representa una violación al derecho a la educación y al desarrollo integral de esta población”. El problema, según la Defensoría, se acrecienta si se tiene en cuenta que la población estudiantil cumple 450 días sin mantener la presencialidad.
Pensando en ello y en la exigencia de Fecode, de contar con las garantías para el regreso a clases, la Defensoría hizo un llamado a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para que ejecuten de manera ágil y transparente los recursos asignados por el MinEducación, “con el fin de hacer apertura inmediata de las sedes que se encuentren en buenas condiciones de bioseguridad y adecuar aquellas que lo requieran con el recurso disponible”.
Otra de las razones por las que se solicita la vuelta a la presencialidad lo más pronto posible, conforme con Carlos Camargo, es el aumento de la deserción escolar y de las tasas de maltrato infantil, así como de las tasas de desnutrición, además del retroceso en el derecho al trabajo de las mujeres, quienes se han visto en la necesidad de renunciar a ellos para dedicarse al cuidado de sus hijos.
“Hoy hago un llamado al Gobierno Nacional, a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), a los docentes, personal administrativo y comunidad educativa en general para que sin dilación alguna, se cumpla lo estipulado en el artículo 44 de la Constitución Colombiana, sobreponiendo los derechos de los niños y las niñas”, sostuvo Camargo.
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