Procuradora sostiene la necesidad de investigar a congresistas por presunta intervención en el paro nacional

La funcionaria reveló que hasta hoy su oficina tiene 157 actuaciones disciplinarias abiertas, 17 de ellas en contra de funcionarios públicos.

Sectores de la oposición han asegurado recientemente que la Procuraduría General de la Nación está siendo instrumentalizada para hacer una persecución política contra los congresistas que apoyan el paro nacional. Ante las acusaciones, la procuradora Margarita Cabello salió en defensa del organismo de control este 3 de junio y aseguró que abrir investigaciones contra los políticos cuestionados en este contexto era una necesidad.

“Las denuncias frente a varios funcionarios del Estado y de la oposición se habían presentado con antelación, ante la solicitud de premura había que hacerlas. Escuché por ahí que se decía que al haber abierto la investigación se esperaba que cambiaran las decisiones en el Congreso, eso no es cierto, en la Comisión Primera son 22 senadores y el voto de él no es suficiente. Todas las situaciones que merezcan apertura tengo que hacerlas, no es solo contra congresistas de oposición. Contra todos. Y esta es apenas una apertura de investigación, qué tal si fuera una investigación formal”, dijo Cabello en diálogo con Caracol Radio.

Durante la entrevista, la procuradora aseguró que las investigaciones se han abierto porque varios ciudadanos los denunciaron ante el organismo. Además, reveló que hasta hoy su oficina tiene 157 actuaciones disciplinarias abiertas, 17 de ellas en contra de funcionarios públicos.

“No es que yo me esté dirigiendo a un funcionario en virtud de su calidad de opositor, tengo que hacerlo contra todos los que vengan. Yo no estoy condenando a nadie”, dijo Cabello.

Hay que recordar que, las investigaciones que ha abierto la Procuraduría en contra de funcionarios públicos son de tipo disciplinario. Las que más han causado revuelo son en contra de los senadores del Polo Democrático, Wilson Arias y Alexander López Maya. Al primero se le señala de haber intervenido un procedimiento policial cuando evitó que uniformados se llevaran a unos jóvenes el 30 de abril en Cali en medio de las protestas del paro nacional. Al segundo, se le acusa del mismo delito, pero el hecho habría ocurrido el 1 de mayo.

Arias y López sostienen que que no incurrieron en ningún delito y, por el contrario, evitaron que miembros de la Policía Nacional detuvieran irregularmente a jóvenes que estaban ejerciendo su derecho a la protesta.

Así mismo, los representantes a la Cámara, Inti Asprilla, Ángela María Robledo y María José Pizarro también serán investigados por supuestamente “gritar, echar y humillar” a la Policía en la sesión del Congreso del 26 de mayo de 2021, cuando se realizó un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

Es de mencionar que a aunque la procuradora sostiene que no se está instrumentalizado la institución, este mismo 3 de junio, 35 congresistas de la oposición emitieron un comunicado rechazando supuestos actos de “intimidación” por parte del Ministerio Público.

“Los integrantes de la oposición rechazan las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en contra de quienes han estado acompañando a las ciudadanía en las exigencias al Gobierno nacional y haciendo las denuncias respectivas sobre los hechos de violación de Derechos Humanos”, expresa la misiva.

De acuerdo con los congresistas, las acciones de Cabello serían “injuriosas, calumniosas y mal intencionadas”, con el fin de deslegitimar su accionar como servidores públicos. De esa forma, también esperan que la Procuraduría investigue “con todas las garantías procesales y con el respeto irrestricto al debido proceso”, reza el documento. Los legisladores afirman que las investigaciones y quejas emitidas por la procuradora Cabello están “propiciando el escenario para silenciar a la oposición”.

Además, sobre el polémico proyecto de ley propuesto por la Procuraduría con el fin de reformar el Código General Disciplinario, la oposición asegura que las acciones disciplinarias en su contra tienen el fin de sacarlos de la votación. En caso de pasar, afirma la carta, “este proyecto le permitiría destituir a los representantes y senadores a quienes hoy les abre investigación, o a aquellos funcionarios electos por elección popular, el cual coincidencialmente empezó su discusión en el Congreso, desconociendo el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra el Estado”.

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