Banco de la República advierte a la Corte Constitucional que la ley borrón y cuenta nueva podría afectar la banca

Mientras la Defensoría solicita el aval de la nueva normativa, el emisor recomienda no aprobar la ley.

Banco de la República. Foto: Colprensa.
Banco de la República. Foto: Colprensa.

La ley borrón y cuenta nueva es un proyecto que busca borrar de los registros de las centrales de riesgo a las personas que ya cancelaron la totalidad de sus deudas.

La propuesta comenzó en 2019 en cabeza de los senadores David Barguil (Partido Conservador) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal). Este proyecto ya fue discutido y aprobado por el Congreso en junio del año pasado y actualmente está a la espera de ser avalado por la Corte Constitucional.

“Con este, tendrá un período de pago de hasta doce meses, después de aprobada la ley, para cubrir su deuda y ponerse al día”, se lee en la página web de la ley.

El pasado 23 de marzo, el senador David Barguil afirmó mediante una publicación en su cuenta de Twitter, que la Defensoría del Pueblo tiene la convicción de que el articulado propuesto debería ser declarado exequible por parte de la Corte Constitucional. Así mismo, agregó que el alto tribunal debería considerarlo luego de la revisión concienzuda del proyecto.

Ese día, el diario La República informó que la Corte Constitucional había abierto la posibilidad de que distintos sectores sociales pudiesen manifestar su opinión sobre el proyecto de ley, por eso Barguil pidió a la entidad acelerar la revisión para que los beneficios entren en vigencia con prontitud y no se retrase más el proceso.

En el documento que compartió el senador se lee que la Defensoría del Pueblo afirmó que “su articulado no solo resulta constitucionalmente admisible, sino que, constituye un instrumento efectivo para incrementar los estándares de protección de dicha garantía superior y para la efectividad material de muchos otros derechos”.

De acuerdo con RCN Radio esta norma abre la puerta a que la Superintendencia Financiera imponga sanciones a los bancos “que nieguen una solicitud de crédito, basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante” en las centrales de riesgo.

Por eso, en este momento en que la Corte Constitucional debate su aprobación, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera recomendaron no aprobarla.

Según la banca, aprobar la ley borrón y cuenta nueva traería un riesgo para el sistema financiero del país, porque al eliminar de las centrales de riesgo la información de los deudores, se generaría “una cultura del no pago” que “tendría efectos perjudiciales sobre el acceso al crédito de la población”, informó la cadena radial.

El banco considera que esto sería una dificultad para las entidades financieras, ya que tendrían que diferenciar entre quienes tienen buena capacidad de pago y quienes no y que “representa un alto riesgo de pérdidas para los establecimientos de crédito y sus depositantes”.

Por otro lado, según RCN Radio, la Superintendencia advirtió una posible “inestabilidad jurídica”, pues “envía un mensaje inequívoco a la población al suponer que se recibirán beneficios por no cancelar sus deudas atrasadas”, estimulando la cultura del no pago de la cual también habla el Banco de la República.

La Superintendencia expuso casos como el de Chile, que otorgó amnistías para los deudores y el resultado de ello fue que “aumentó el incumplimiento para los no morosos”. Lo mismo sucedió en Tailandia, “lo cual se tradujo en mayor crecimiento de la cartera a empresas debido a que la medida no incentivo que las personas adquirieran más créditos”.

<b>Puntos relevantes de la Ley</b>

En su publicación, David Barguil resaltó algunos puntos importantes que propone el proyecto de ley. Entre los más importantes está la amnistía por vez única para los deudores que paguen sus deudas durante los primeros doce meses desde que entre en vigencia la ley.

Así mismo, quienes deban menos del 15 % del salario mínimo serán avisados dos veces por la central de riesgo antes de reportarlos. Finalmente, todo dato negativo caducará una vez cumplido el término de 8 años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación. “Cumplido este término, el reporte negativo deberá ser eliminado. Esto no significa que la obligación prescriba”, expresó el senador en su cuenta de Twitter.

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