Canciller Claudia Blum citó a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por litigio con Nicaragua

Este lunes 8 de marzo, la canciller colombiana Claudia Blum, en el marco del litigio que Nicaragua lleva en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, solicitó una reunión virtual con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para revisar la situación diplomática con ese país, con el que Colombia tiene un conflicto de décadas por el territorio marítimo que ambos países se adjudican como propio.

La reunión se llevaría a cabo el próximo viernes 12 de marzo, de manera virtual y a las 10:00 a. m., para evitar complicaciones por la pandemia. Dentro de la Comisión Asesora están expresidentes, congresistas de oposición y dos delegados del presidente Iván Duque que, en este caso, son el exministro Alfonso Gómez Méndez, cuya suplente es la exministra María Consuelo Araújo, y la exministra Noemí Sanín Posada, cuyo reemplazo es el politólogo y analista Fernando Cépeda Ulloa.

Esta es la segunda vez que la Cancillería solicita a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la primera fue en el marco de una tutela realizada por los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino. Sin embargo, esa reunión no tuvo el impacto necesario pues varios de los integrantes se ausentaron.

El conflicto Nicaragua vs Colombia

El pasado 16 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno nacional, informó que presentó ante Nicaragua una nota de protesta frente a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”.

Según expuso el Gobierno de Colombia, esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. “Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la UNESCO”, explicó la Cancillería.

En su nota de protesta, Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio.

“La declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”, señaló la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que, esta decisión de Nicaragua es una medida interna de dicho país que no es oponible a terceros Estados como Colombia.

En contexto

El 19 de noviembre de 2012, en la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, redefinieron los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, dejando a este último con un 40% de mar que, anteriormente, pertenecía a los colombianos.

La disputa entre ambos gobiernos, supuestamente, terminó con el fallo de la Corte Internacional. Sin embargo, el problema fue para los raizales; los habitantes de San Andrés desde ese momento no pudieron acceder a la zona pesquera que significaba el sustento económico de sus familias, pues ese lugar ahora era parte del territorio marítimo de Nicaragua, cruzarlo sería violar una ley internacional.

En varias ocasiones, Nicaragua ha denunciado a Colombia por violar su territorio marítimo. En 2018, por ejemplo, Colombia presentó su defensa ante la CIJ y en un documento preparado por el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, estableció que Nicaragua había “violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales”.

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