Tutela pone freno de nuevo al regreso de las fumigaciones con glifosato en Colombia

Una tutela presentada por todas las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Pacífico nariñense, agrupados en el grupo Redhpana, y el colectivo Orlando Fals Borda, logró que una resolución de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que había estado en el fondo de la discusión para el regreso del glifosato, fuera suspendida.

Lo anterior, cuando el Gobierno pretendía retomar las aspersiones con glifosato, ya que en diciembre pasado logró una audiencia pública para la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del programa de fumigación.

De acuerdo con el Espectador, la resolución 001 de 2020, de la Dirección de Consulta Previa del Mininterior, certificaba un área de los 104 municipios de los seis núcleos geográficos en los que se pretende fumigar y donde estaban excluidos los territorios étnicos; en donde no procedía el mecanismo de consulta previa.

En esta nueva tutela, las comunidades del Pacífico pidieron que, como medidas provisionales, se suspendiera la resolución y reevaluaran la afectación directa que tendrían las comunidades.

Por eso, el Tribunal Superior de Pasto decidió, el miércoles 13 de enero, admitir la tutela y acoger las medidas provisionales.

“Se ordena la suspensión de la Resolución 001 de 2020 emitida por la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la presente acción constitucional”, se lee en la decisión judicial.

El colectivo Orlando Fals Borda le dijo a la publicación que “los efectos de dicha resolución quedan suspendidos, sin efectos jurídicos y por lo tanto, se abre la posibilidad de que para el trámite de modificación de licenciamiento ambiental que se requiere para el reinicio del programa de fumigación sea necesario agotar el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”.

En la audiencia que se desarrolló el pasado diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), representando a otras dos organizaciones (Elementa, Consultoría en Derechos, y Acción Técnica Social), entregaron sus consideraciones para argumentar que la ANLA no debía otorgar la modificación del Plan de Manejo Ambiental para reanudar el PECIG, o Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato.

“Nuestra afirmación parte de un estudio jurídico, tanto del procedimiento de la audiencia como del documento, que podrán conocer en detalle durante y después de la audiencia, y que plantea al menos cinco argumentos”, señaló Dejusticia en su momento.

En el primer punto, expusieron que la modificación vulnera la obligación de implementar el Acuerdo de Paz y las órdenes de la Corte Constitucional de respetar una jerarquía entre métodos de eliminación de cultivos, en la cual la fumigación es el último recurso.

Como segundo argumento, indicaron que este plan no cuenta con información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y caracterizar la aplicación del principio de precaución ambiental. En tercer y cuarto lugar, afirmaron que el procedimiento de aprobación del Plan de Manejo Ambiental tenía problemas estructurales en materia de participación ambiental general y de consulta previa.

Finalmente, Dejusticia expuso que el funcionamiento del Plan de Manejo Ambiental, a través de unos planes generales y específicos, viola el principio de legalidad al no haber fundamento jurídico para esta figura que se está aplicando para una actividad tan controversial en el país.

Para estas organizaciones, que se oponen a que nuevamente se reglamente en Colombia la fumigación aérea con glifosato, el análisis de riesgo es completamente precario, tomando metodologías del sector petrolero no ajustadas para los detalles del proyecto de aspersión ni para los territorios que pueden ser afectados.

“No se evaluó la amenaza tecnológica en que se constituye no solamente la aspersión aérea sino también la acumulación en bases operativas o la falla de aeronaves o de los compartimientos de carga del glifosato”, apuntan.

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