Van tres excombatientes de las Farc asesinados en los primeros 8 días de 2021

El último homicidio ocurrió el jueves en el Cauca, en el occidente del país. La víctima fue identificada como Diego María Yule, que se conocía como Cristián Ramírez.

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El asesinato de Cristián Ramírez es el tercero de excombatientes de las Farc que ocurre en los primeros 8 días del año. Los integrantes del ahora partido político se han manifestado contra estos hechos en el país.  Foto: EFE/Luis Noriega/Archivo
El asesinato de Cristián Ramírez es el tercero de excombatientes de las Farc que ocurre en los primeros 8 días del año. Los integrantes del ahora partido político se han manifestado contra estos hechos en el país. Foto: EFE/Luis Noriega/Archivo

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido que surgió tras el proceso de paz con el antiguo grupo guerrillero, informó por Twitter que fue asesinado Diego María Yule Rivera, de 39 años, a quien se le conocía como Cristián Ramírez al interior de la Farc.

Ramírez fue uno de los firmantes del acuerdo de paz y su crimen se habría perpetrado el pasado jueves en Cali (Valle del Cauca), en el occidente colombiano.

Con esta nueva víctima, son tres los excombatientes asesinados en tan solo los primeros 8 días del 2021, y se completarían con este homicidio 252 firmantes ultimados desde que se firmó el acuerdo en 2016, según datos de la misma Farc.

“Exigimos que se realicen las investigaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos presentados y dar con el paradero de los autores y determinadores de este crimen. Insistimos en que la única salida a esta nueva ola de violencia es la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz, en especial las relacionadas con las garantías de seguridad, la reincorporación y el desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo”, expresó en un comunicado, que se publicó en el Twitter de la Farc, la dirección de ese partido en el Valle del Cauca.

Este hecho se suma al del homicidio de la excombatiente Yolanda Zabalo Mazo, de 22 años, quien fue asesinada junto con su hermana menor de edad, de 17 años, Reina Zabala Maso en las primeras horas del 1 de enero de 2021, durante las celebraciones de año nuevo. El hecho ocurrió en la vivienda de la mujer en la vereda de Travesías, en el municipio de Briceño (Antioquia).

Zabalo había sido víctima también de un atentado en agosto de 2019, en el Cauca, luego de que al verse con su compañero sentimental, ocurriera un enfrentamiento entre disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo.

Posterior a este hecho, el sábado 2 de enero fue asesinado Duván Arled Galíndez Nadia, de 34 años, quien fue atacado por un hombre armado en un restaurante del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), en el sur de Colombia.

Aunque se le trasladó a un centro hospitalario, por la gravedad de las heridas que sufrió en el toráx, el cuello y el rostro, no se le pudo salvar la vida.

El homicidio del excombatiente Cristián Ramírez ocurre precisamente el día en que la Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunciara en contra de los asesinatos de los firmantes del acuerdo de paz, tras presentar su informe trimestral la Misión de Verificación del acuerdo de paz.

De acuerdo con las cifras del organismo, desde que vienen supervisando la reincorporación de 7.000 exguerrilleros, han documentado 248 asesinatos de excombatientes.

La ONU señaló además que las condiciones de seguridad de estas personas han desmejorado en la zona limítrofe de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

“En esas regiones, donde la presencia del Estado es limitada, los rebeldes que no se acogieron al pacto de paz están amenazando y atacando a excombatientes (...) poniendo así en peligro el proceso de reincorporación”, señaló la ONU en su informe.

En el documento la Misión de Verificación indicó que los más afectados son los excombatientes que llevan a cabo sus procesos por fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que fueron previstos por el acuerdo de paz y son custodiados por la Fuerza Pública, pero que en este momento solo acoge a 2.500 excombatientes.

En el informe también denuncian impunidad, ya que la Fiscalía General de la Nación solo ha logrado 34 condenas en las investigaciones que lleva por 289 ataques en contra de los antiguos guerrilleros.

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