El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes un decreto contra apuestas ilegales que obliga a los bancos a embargar los fondos de plataformas de apuestas virtuales ilegales y destinarlos al financiamiento de la seguridad pública.
La medida reglamenta mecanismos previstos en la Ley Antimafia y apunta a cortar la circulación de dinero procedente de operaciones clandestinas. Lula anunció en sus redes sociales que, una vez cumplido el debido proceso, el dinero recuperado reforzará el combate a las estructuras financieras del crimen organizado en el país.
Entre el 41% y el 51% de las plataformas de apuestas que operan en el país son ilegales y atraen a unos 25,2 millones de apostadores, según el ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva. El fenómeno, conocido localmente como bets, se ha expandido a través de miles de sitios en línea que procesan pagos a través del sistema financiero formal.
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“El bloqueo administrativo será inmediato y deberá ser confirmado por las entidades financieras en un plazo de hasta 48 horas”, afirmó Durigan. El gobierno identificó cerca de 300 operadores detrás de casi 50.000 sitios ya retirados de internet, que canalizaban sus transacciones a través de unas 30 instituciones financieras.
Una resolución del Ministerio de Hacienda publicada el jueves amplía el alcance de las obligaciones. Los bancos y las empresas fintech que procesen pagos de plataformas ilegales tras recibir la notificación gubernamental responderán por los impuestos no pagados. La misma norma aplica a empresas y particulares que difundan publicidad de esas plataformas.
Las entidades afectadas tendrán la posibilidad de presentar alegaciones para cuestionar la medida. De no prosperar esos recursos, la Abogacía General de la Unión promoverá acciones judiciales orientadas a la expropiación definitiva de los fondos. Durigan aclaró que el dinero bloqueado pasará primero por el Ministerio de Justicia para su revisión legal antes de ser transferido al Fondo Nacional de Seguridad Pública.
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El gobierno reconoció, no obstante, que todavía no tiene una estimación del monto total que podría recuperarse mediante el nuevo mecanismo.
Un día antes de la firma, policías y fiscales tributarios llevaron a cabo una operación contra una red de apuestas clandestinas que funcionaba con licencias supuestamente otorgadas por un municipio del estado de Río Grande do Norte. Las investigaciones abarcan delitos de blanqueo de capitales, explotación ilegal de juegos de azar, asociación criminal y delitos contra los consumidores.
(Con información de EFE y Reuters)