Hay múltiples frentes de conflicto social en Bolivia. A los bloqueos de la federación de campesinos de La Paz, se sumó este lunes una huelga de maestros que provocó la suspensión de clases escolares en reclamo de incremento salarial, ítems educativos y otras demandas relacionadas con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo.
Los maestros urbanos anunciaron que el paro será de 24 horas y estará acompañado por marchas y bloqueos; en tanto en el área rural la suspensión de clases será por dos días.
En relación a sus demandas, el Gobierno descartó el incremento salarial pero afirmó que tiene propuestas para el sector. En ese sentido, la ministra de Educación, Beatriz García, convocó al diálogo al magisterio urbano y rural para este martes a las 15:00 y pidió anteponer el derecho a la educación de los estudiantes a las protestas. “Un día de clases perdido no se recupera”, lamentó.
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La protesta de los maestros coincide con la de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), que inicia la segunda semana de bloqueos “indefinidos” en carreteras. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, este lunes se registran 34 puntos de bloqueo por conflictos sociales, la mayoría concentrados en el occidente del país.
El motivo inicial de la protesta buscaba la abrogación de una ley que autoriza la conversión de tierras y soluciones definitivas al problema del combustible. Sin embargo, en los últimos días la medida de presión se radicalizó y algunos dirigentes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En ese contexto, el Gobierno convocó para este lunes a autoridades, actores políticos y sectores sociales de La Paz a una reunión a la que ha denominado “Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento”.
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Según el Ministerio de la Presidencia, la convocatoria busca ser un espacio de “diálogo abierto para definir proyectos y reivindicaciones de cada provincia”, en el que se abordarán temas productivos, obras fundamentales e infraestructura caminera.
Las últimas semanas han sido conflictivas para la administración de Paz, que el viernes cumplió seis meses en el gobierno. Las protestas de campesinos y maestros fueron antecedidas por una movilización de choferes que exigía regularizar el abastecimiento de diésel, garantizar la calidad del combustible y acelerar el pago de un resarcimiento económico por daños vehiculares atribuidos a la gasolina contaminada.
El Gobierno logró un acuerdo con los dirigentes del transporte y tuvo acercamientos con otros sectores como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con quienes se comprometió a promover la abrogación de la ley sobre la clasificación de la tierra.
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Sin embargo, indígenas de los departamentos amazónicos de Beni y Pando se mantienen en vigilia hasta la abrogación de la norma luego de haber marchado por más de 25 días para exigir su anulación.
Las medidas de presión han provocado escasez de algunos alimentos de la canasta básica en la región occidental del país y la interrupción de viajes terrestres a nivel nacional e internacional.
Los medios locales informan que hay turistas varados en varias regiones a causa de los bloqueos, entre ellos cerca de 300 peruanos que están en La Paz, Oruro y Uyuni, y que serán evacuados por vía aérea. Según cálculos del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas y Folclore, el bloqueo deja pérdidas por 20 millones de bolivianos por día, equivalentes a unos 3 millones de dólares.
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