El presidente Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión en una jornada marcada por conflictos sociales y pedidos de renuncia. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra 15 puntos de bloqueo concentrados en los departamentos de La Paz y Beni, por organizaciones sociales que exigen su renuncia y demandan la abrogación de una ley de conversión de tierras.
En la zona andina del país, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, instruyó realizar un bloqueo de caminos indefinido, a partir del 6 de mayo, para exigir la renuncia del presidente Paz.
“La población ya está cansada, ya no quiere promesas, porque hemos tenido varios diálogos”, manifestó el dirigente de la federación campesina, Vicente Salazar. “Solamente es promesa, promesa, promesa”, agregó en referencia a los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas, que se manifestaban para exigir mejorar la calidad del combustible y la infraestructura vial, además de celeridad en el pago de un resarcimiento de daños vehiculares.
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Por otro lado, campesinos de la región amazónica del Beni exigen la abrogación de una norma que autoriza la conversión voluntaria de tierras. La Ley 1720, promulgada el 8 de abril, permite cambiar la clasificación de pequeñas propiedades a medianas, lo que las habilita como garantía para acceder a créditos bancarios.
Algunos campesinos y organizaciones ambientales y de derechos humanos expresaron su preocupación al considerar que pone en vulnerabilidad los territorios indígenas y que puede dar lugar al despojo y la concentración de tierras. Tras una marcha campesina de 27 días, el Gobierno se comprometió a promover la anulación de la norma en la Asamblea Legislativa pese a la resistencia de sectores empresariales y agroindustriales que la defienden como un mecanismo para impulsar el desarrollo rural.
La abrogación de la ley ya fue aprobada en una comisión legislativa y será tratada este viernes por la tarde en la Cámara de Diputados. “Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, manifestó el presidente Paz sobre la norma tras el acuerdo con los marchistas.
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A estas protestas se suma la del magisterio, que anunció un paro de las labores educativas este lunes 11 de mayo para exigir incremento salarial y la dotación de más ítems, entre otras demandas.
En medio de esos frentes de conflicto, el Gobierno convocó a líderes políticos, organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores y representantes de varios sectores del país a participar en un encuentro nacional este sábado en la ciudad de Cochabamba (centro).
El objetivo principal de la reunión es sumar respaldo a las políticas del Gobierno y generar consensos para garantizar la aprobación de leyes que se consideran estratégicas para recuperar la estabilidad económica e impulsar el desarrollo del país.
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Según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se han cursado cerca de 600 invitaciones para el evento en el que se prevé que el presidente exponga la visión del Ejecutivo y las iniciativas que serán puestas a consideración de la Asamblea Legislativa en los próximos meses.
Algunos líderes políticos han confirmado su asistencia y otros, como el empresario y jefe de una bancada legislativa, Samuel Doria Medina, la han descartado al apuntar la imposibilidad de un generar un diálogo efectivo entre 600 personas. En ese marco, el encuentro también se convertirá en para medir el nivel de respaldo político al Gobierno en medio de la creciente conflictividad social.