La Policía ecuatoriana detuvo a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial del norte de Guayaquil tras encontrar en su poder un cargamento de explosivos, en un hecho que volvió a encender las alertas sobre el uso de material detonante por parte de estructuras criminales en una de las ciudades más golpeadas por la violencia en el país.
La aprehensión ocurrió la tarde del martes 24 de marzo de 2026, cuando la sospechosa llegó al parqueadero del establecimiento con un bolso rosado que contenía 40 tacos de dinamita y aproximadamente 15 metros de mecha, según reportes policiales recogidos por medios locales. La presencia del material generó momentos de pánico entre ciudadanos que se encontraban en el lugar, lo que derivó en una alerta inmediata a las autoridades.
De acuerdo con la Policía, tras recibir el aviso, unidades acudieron al sitio, acordonaron el área y procedieron con la detención en flagrancia. El comandante de la Zona 8, Walter Villarroel, explicó que la hipótesis inicial descarta que la mujer pretendiera detonar los explosivos en el centro comercial. Según sus declaraciones, el material iba a ser entregado en otro punto de la ciudad, lo que sugiere una posible operación logística dentro de una red criminal más amplia.
La detenida fue identificada como Melany D., de 23 años, quien no registra antecedentes penales, pero, según información del Ministerio del Interior, tendría vínculos con la organización criminal Los Lobos, una de las bandas catalogadas como “terroristas” por el Gobierno ecuatoriano en el contexto del conflicto armado interno declarado en 2024 y una de las estructuras más violentas del país.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la mujer fue interceptada con los explosivos dentro de un bolso y sostuvo que estos estaban destinados a la ejecución de atentados en distintos sectores de Guayaquil. En imágenes difundidas por la autoridad, se observa a agentes policiales manipulando el material incautado en el estacionamiento del centro comercial, lo que evidencia la magnitud del riesgo.
Sin embargo, la versión policial presenta matices. Mientras el ministro sugiere un posible uso para atentados, la línea operativa de la Policía apunta a que el explosivo formaría parte de un circuito de distribución para actividades de extorsión o amenazas, una práctica recurrente entre grupos de delincuencia organizada en Ecuador. Estas organizaciones utilizan cargas explosivas para intimidar a comerciantes o como mecanismo de presión territorial.
Tras su detención, la mujer fue puesta a órdenes de la justicia y enfrentó una audiencia de formulación de cargos el 25 de marzo. Un juez dictó prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tráfico ilícito de armas, explosivos o sustancias peligrosas, una infracción que en Ecuador puede ser sancionada con penas de hasta 13 años de privación de libertad.
El caso se produce en un contexto particularmente sensible. Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, se encuentra bajo toque de queda nocturno desde el 15 de marzo junto con otras provincias como Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la escalada de violencia.
La situación de seguridad en Ecuador continúa siendo crítica. El país cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, una cifra récord que refleja el avance de las economías criminales y la disputa territorial entre bandas vinculadas al narcotráfico. En este escenario, el uso de explosivos se ha consolidado como una herramienta frecuente para generar terror, enviar mensajes de advertencia o ejecutar ataques selectivos.
Horas antes de la detención, otro hecho violento se registró en Guayaquil: sujetos armados que se movilizaban en motocicleta asesinaron a una persona y dejaron al menos tres heridos en el centro de la ciudad.