Choferes sindicalizados de La Paz, en Bolivia, radicalizaron su medida de presión en reclamo por la calidad del combustible y anunciaron que la huelga iniciada ayer en la sede de Gobierno será “indefinida”.
“Nuestra única intención es que se venda gasolina de óptima calidad y se cumpla con el resarcimiento, que hasta ahora no se ha efectuado”, explicó Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre.
Los choferes están movilizados en reclamo por el combustible distribuido en los últimos meses y al que se atribuyen daños mecánicos en los vehículos. En medio de la crisis, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) explicó que los tanques de almacenamiento tenían restos de goma y manganeso que contaminaron la gasolina.
En ese sentido, ordenaron la inyección de detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad del combustible y crearon un seguro de resarcimiento de daños a los afectados a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Sin embargo, a dos meses de las primeras denuncias, se siguen reportando daños en los vehículos, lo que sugiere que la gasolina aún no cumple con los estándares esperados.
“El Gobierno nos ha obligado a tomar esta determinación. En lugar de convocarnos, lo único que han comunicado es que este tema se está politizando”, afirmó Tancara en una entrevista televisiva con Unitel e indicó que los puntos de bloqueo se ampliarán a nivel departamental.
Mientras se desarrolla la protesta, el Gobierno hizo un llamado al diálogo y al cumplimiento de acuerdos previos sobre el proceso de resarcimiento. “En medio de un proceso de diálogo y acuerdos ya firmados, la convocatoria a un paro (…) es un error”, escribió el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en su cuenta de X. “Creemos que el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas”, agregó.
Según información de YPFB, el pago por el resarcimiento de daños ya benefició a más de 1000 usuarios afectados, y este miércoles se habían destinado más de 2,5 millones de bolivianos (unos 360 mil dólares) para nuevos desembolsos por daños atribuidos a la gasolina “desestabilizada”.
En medio de este proceso, la estatal petrolera informó que al menos 3.000 solicitudes de resarcimiento fueron rechazadas a través del sistema de registro porque no cumplieron con los requisitos y que habilitaron la revisión presencial de los casos.
“Son 3.000 personas que se han rechazado. Estas personas tienen la opción, con su código de trámite, pueden pasar a ventanillas para que ahí les expliquen y se pueda analizar el caso carpeta por carpeta”, afirmó el gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, citado por El País.
En paralelo a estas medidas de presión, asambleístas de al menos cuatro fuerzas políticas se manifestaron para exigir soluciones definitivas al problema de los combustibles y algunos miembros de Libre, la principal fuerza opositora, pidieron la renuncia del ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB. En tanto, la Cámara de Senadores creó una comisión para investigar en profundidad el tema de la gasolina.
Bolivia levantó en diciembre el subsidio de más de dos décadas a los combustibles, con lo que el precio de la gasolina y el diésel subió el doble y el triple de lo que costaba. Esta medida supuso el fin de las largas filas en los surtidores debido a la recurrente escasez y cortó el suministro a las redes de contrabando que se habían creado en los últimos años.
Sin embargo, la incertidumbre sobre la calidad se convirtió en el eje de las protestas actuales y un frente crítico para el Gobierno, que enfrenta el desafío de contener el malestar antes de que escale y se expanda a otras regiones.